El viernes tuvo lugar la última escena –por ahora– de la farsa jurídica que el PNV-EA, con la ayuda de Izquierda Unida, está representando en el Parlamento Vasco para impedir a toda costa la disolución del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna, rama institucional de ETA). No de otra forma puede calificarse el hecho de que Atutxa –quizá con el objeto de eludir su procesamiento– hiciera aprobar en la Mesa del Parlamento Vasco una propuesta de modificación del reglamento de la Cámara que permitiera la disolución de “un grupo afectado por sentencia firme”, para que después fuera rechazada en la votación de la Junta de Portavoces, donde los diputados de ETA pudieron votar en contra de la disolución de su grupo e Izquierda Unida, ausentándose de la votación, dejó en minoría a PP y PSE.
Vaya por delante que la modificación del reglamento de la Cámara vasca no es ningún obstáculo real para que Atutxa hubiera procedido ya a la disolución del grupo de SA, ordenando el pase de sus diputados al grupo mixto. En su calidad de presidente del Parlamento Vasco tiene competencia suficiente para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo –aun más, es su deber– sin necesidad de someter a debate y votación la modificación del reglamento de la Cámara; el cual, obviamente, no hubiera podido incluir en su texto la posibilidad de oponerse a una sentencia judicial firme. Así lo hizo el presidente de la Cámara navarra aun sin disponer de sentencia firme, a instancias de la suspensión de Batasuna y sus clones decretada por el juez Garzón hace ya un año.
No obstante, la trama de triquiñuelas jurídicas de las que se está valiendo el PNV-EA para eludir el cumplimiento de la sentencia del Supremo plantea con toda intencionalidad un problema que los redactores de la Constitución, preocupados por sacar adelante un texto con la suficiente holgura para que los nacionalistas vascos y catalanes se “sintieran a gusto” en España, no se atrevieron a prever del todo: la posibilidad de que un poder autonómico desafiase abiertamente al Estado de Derecho del que, precisamente, emana su legitimidad, so capa de una interpretación claramente abusiva del concepto de soberanía; la cual, tal y como recoge la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español.
Los nacionalistas vascos han decidido llevar a efecto el “plante contra el Estado español”, ofrecido por Egibar a Otegi como una reedición del pacto de Estella, en una cuestión que, realmente, tiene escasa importancia práctica, ya que los etarras conservarían, en cualquier caso, sus actas de diputados hasta las próximas elecciones autonómicas. Esta tenacidad ante un asunto menor da una idea muy clara de que la estrategia futura del PNV-EA será la confrontación permanente con el Estado de Derecho y el recurso sistemático al fraude de ley, aprovechando las rendijas y los agujeros que la generosidad, la buena fe –y también la ingenuidad– de los constituyentes dejaron en el texto constitucional.
Es decir, el PNV-EA pretende hacer desde la esfera institucional lo mismo que ha intentado ETA con las pistolas y los coches-bomba: fabricar un conflicto para poder vender a su parroquia después las legítimas reacciones del Estado de Derecho en defensa de la legalidad como una voluntad, por parte del gobierno de España, de reprimir sistemáticamente cualquier manifestación de autogobierno vasco y de humillar sus instituciones. Las palabras de Egibar el viernes confirmarían esta tesis: “Quisiera trasladar a la ciudadanía un mensaje de alerta: que esto –la disolución de SA– es un aperitivo con lo que tienen preparado (...) en este país hay algo que se recoge en la vida y también en el diccionario: Dignidad, dignidad política (...) hoy le toca al Parlamento Vasco, mañana a ETB, al sistema educativo. Aznar tiene una idea muy clara: atacar a las instituciones de autogobierno”.
El plazo de cinco días otorgado por el Tribunal Supremo para que Ibarretxe disuelva SA finalizará la próxima semana. Y aunque previsiblemente el Fiscal General del Estado inste al Fiscal del TSJPV para que procese a Atutxa (y quizá también a los miembros de la Junta de Portavoces que votaron en contra de la modificación del reglamento de la Cámara vasca), lo más probable es que, de momento, el grupo parlamentario de los etarras siga sin ser disuelto. Pues, en última instancia, quien debe ejecutar la sentencia del Supremo es precisamente el presidente del Parlamento Vasco, que quedaría inhabilitado para el ejercicio del cargo en el caso de que fuera condenado por desobediencia.
Quizá la única vía –sin precedentes en España ni, probablemente, en Europa– para disolver el grupo de SA es que el propio Tribunal Supremo asuma las competencias de Atutxa en esa actuación concreta. Sin embargo, cuando se trata de un poder elegido democráticamente, la cuestión no es tan sencilla; ya que, al menos sobre el papel, cabría interpretar esa hipotética actuación del Supremo como materia de un conflicto de competencias que tendría que resolver el Tribunal Constitucional y que los nacionalistas no dudarían en presentar como una agresión a su “soberanía”. Conviene, pues, tener muy presente que el Estado de Derecho se enfrenta a un desafío sin precedentes, con el horizonte del ilegal referéndum separatista que Ibarretxe pretende convocar en otoño. Por ello, una vez más, es preciso armarse de paciencia y serenidad, dejar que la Justicia siga su curso y reservar energías para confrontaciones futuras que, a no dudarlo, tendrán mucho más calado.
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