Resulta difícil ya encontrar adjetivos para calificar, sin repetirse, la actitud del nacionalismo vasco en su permanente desafío al Estado de Derecho. Con la decisión adoptada el viernes por la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco en relación con la disolución de Batasuna, el PNV ha consumado la ruptura del único eslabón que le mantenía unido al Estado de Derecho. Su oposición a disolver de hecho lo que ya estaba disuelto de derecho por el Supremo, supone un acto de insumisión que hasta la fecha ni los cómplices de ETA se habían atrevido a dar con esa claridad. Con el agravante además de que todo ello se hace no desde la clandestinidad, sino desde un Gobierno y un Parlamento que deben su existencia a la misma Constitución a la que ahora traicionan.
Las fuerzas políticas que hacemos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía nuestra razón de ser y estar en el País Vasco, hemos puesto todo nuestro empeño en incorporar al nacionalismo a la democracia española. Pusimos todo nuestro esfuerzo, cediendo quizá demasiado en ocasiones, en satisfacer a los nacionalistas para que se sintieran cómodos en la nueva España que surgía tras la dictadura. Hoy hay que decir que ese esfuerzo ha resultado baldío. El trabajo desplegado, las contrapartidas obtenidas de los gobiernos de coalición con el PSE, o la investidura de José María Aznar hace siete años, por poner dos ejemplos, no han servido para saciar al nacionalismo y obtener un compromiso de lealtad al sistema de convivencia refrendado por todos los españoles, también en el País Vasco, hace ahora veinticinco años.
Tristemente cuando las cotas de autogobierno de que hoy gozamos los vascos son de tal envergadura que jamás habrían sido soñadas por los Arana, Aguirre y demás prohombres del Nacionalismo, el partido de Ibarretxe tira por la borda el esfuerzo y los consensos tejidos con tanta paciencia durante los últimos años. Se han echado al monte además sin posibilidad de retorno a corto plazo y aunque ello sea a costa de quebrar la convivencia entre vascos dibujando ante nosotros uno de los panoramas políticos más oscuros de la historia reciente. Y todo eso únicamente por un puñado de votos. Por heredar los votos de la banda terrorista ETA y sustituirles políticamente asumiendo su proyecto independentista y etnicista. Un proyecto que, aunque ellos saben de imposible realización, dejará todavía por su obstinación mucho más dolor y miseria por el camino.
Llegados pues a este punto, sólo cabe confiar en la respuesta de nuestras instituciones. El protagonismo en esta hora no es ya de los partidos políticos sino del Poder Judicial. La respuesta tiene que ser implacable con quienes se han burlado de la Ley y de las Resoluciones de los Tribunales. Frente al desafío y la insumisión del Nacionalismo Vasco solo cabe una respuesta serena pero firme y contundente. Los Tribunales tienen la urgente obligación de colocar a quienes se sitúan al margen del Derecho frente a sus responsabilidades. Eso es lo que esperamos todos los españoles que siempre hemos hecho de la observancia de la Ley nuestra norma de conducta.
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