Como decíamos en un editorial anterior, los nacionalistas vascos pretenden hacer desde la esfera institucional lo mismo que ha intentado ETA con las pistolas y los coches-bomba: fabricar un conflicto para poder vender a su parroquia después las legítimas reacciones del Estado de Derecho en defensa de la legalidad como una agresión contra el autogobierno vasco. Y, al igual que ETA, una vez creado el conflicto, ofrecen para superarlo la “solución” del “diálogo” y la “negociación”; aun a sabiendas de que un Estado de Derecho que pretenda seguir siéndolo jamás puede negociar el cumplimiento de la Ley y el acatamiento de las resoluciones judiciales.
Esa intención, expresada por Ibarretxe el domingo, de resolver los problemas creados por ellos mismos en una reunión de líderes al “máximo nivel” (Aznar, Zapatero e Ibarretxe), pasando por encima de la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales, da una idea muy clara de la concepción caciquil, mafiosa y, por lo tanto, antidemocrática que los nacionalistas tienen del poder. Una concepción donde la voluntad del gobernante es ley, donde no existe la división de poderes –la misma que, hipócritamente, los nacionalistas en el Parlamento vasco invocan para no disolver el grupo de los diputados etarras– y donde la Justicia es un mero instrumento al servicio de los intereses de quienes detentan el Poder.
Aunque es cierto que la política de los nacionalistas vascos se ha basado siempre en el chantaje a los demócratas, en la amenaza de fondo de la ruptura institucional si no se atendían puntualmente sus exigencias en materia de autogobierno, nunca antes habían recurrido a la ruptura institucional como instrumento previo para forzar a los demócratas a satisfacer sus caprichos. Si hasta el pacto de Estella la fórmula era o se atienden nuestras demandas o rompemos la baraja, hoy el planteamiento es la baraja es nuestra y sólo jugaremos si se aceptan nuestras reglas. Unas reglas que, naturalmente, no son las del Estado de Derecho sino las de un clan que aspira a construir un estado sobre la base de la limpieza étnica e ideológica. Es decir, un estado totalitario.
Los demócratas cometieron por dos veces (primero el PSOE, después el PP) el error de “negociar” bajo la presión del chantaje de las pistolas y de los coches bomba. Ahora que ETA se halla contra las cuerdas –gracias al Pacto Antiterrorista y a la eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado–, los nacionalistas plantean otro chantaje menos violento pero mucho más dañino para las instituciones democráticas: “paz institucional” a cambio de reconocer que, al igual que los monarcas y los nobles del Antiguo Régimen, los nacionalistas están por encima de la Ley. Afortunadamente, ni el PP, ni el PSOE –de momento–, están dispuestos a aceptar la oferta-trampa de “negociación” que plantea Ibarretxe. Porque hacerlo implicaría convertir la división de poderes y la independencia de la Justicia en papel mojado.
En España
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro