Una vez que los principales protagonistas de la crisis política abierta en la Comunidad de Madrid han definido sus posiciones, la polvareda empieza a disiparse y se pueden vislumbrar las distintas soluciones posibles a un conflicto tan inesperado como problemático que este jueves tendrá que empezar a lidiar Concepción Dancausa, la inesperada presidenta popular de la Cámara madrileña.
Rafael Simancas ha afirmado que no asumirá la presidencia de la Comunidad de Madrid si para ello son precisos los votos de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Sólo aceptará el cargo si ambos renuncian a sus actas de diputado y son sustituidos por los siguientes en la lista del PSOE. Por su parte, Eduardo Tamayo ha anunciado que no renunciará a su acta de diputado, y que estaría dispuesto a votar a Simancas siempre y cuando los términos del pacto con Izquierda Unida se ajusten a las proporciones que dicta la actual distribución de escaños; y, al parecer, su compañera de aventura política, María Teresa Sáez, de momento mantiene esta misma posición. En cuanto a Esperanza Aguirre, es partidaria de convocar nuevas elecciones para que sean las urnas las que decidan, una vez que ya se conocen los términos de la coalición tácita PSOE-IU, quién será el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
Estas posiciones, la aritmética parlamentaria y el Estatuto de la Comunidad de Madrid configuran una serie de posibilidades que merece la pena examinar con cierto detenimiento. En primer lugar, si Tamayo y Sáez renuncian a sus actas de diputado –la esperanza a la que se aferra desesperadamente Simancas–, la situación quedaría como al principio: el PSOE gobernaría en coalición con IU. De todos, esta es el caso que menos posibilidades tiene, habida cuenta de que Tamayo ha recalcado que no renunciará a su escaño: una vez expulsado del PSOE y a los pies de los caballos, lo lógico es que desee retener su condición de diputado el mayor tiempo posible y actuar como árbitro de la legislatura en compañía de Sáez. Pero aun en el caso de que esta última sí renunciara a su acta, PSOE-IU y PP quedarían empatados a escaños; luego no sería posible elegir un presidente, ya que el Estatuto exige para ello mayoría absoluta en primera votación, y mayoría simple en segunda.
En segundo lugar, si los diputados expulsados del PSOE deciden ambos conservar sus escaños y optan por votar a Simancas, este tendría que cumplir su palabra y no aceptar la investidura; y si deciden abstenerse o votar en contra, tampoco podría ser elegido el candidato del PSOE. En tal caso, quedaría como alternativa Esperanza Aguirre. Como es poco probable que Tamayo y Sáez voten su candidatura, sólo quedan los casos del voto en contra o de un voto en contra y una abstención, que privarían ambos a la candidata popular de la presidencia; o de dos abstenciones, que en segunda votación darían la presidencia a Esperanza Aguirre. Pero aun en este último caso, es prácticamente imposible que Aguirre aceptara presidir la Comunidad de Madrid. Pese a la indudable legitimidad para ocupar el cargo que confiere a Aguirre el ser la cabeza de la lista más votada, la hipoteca de Tamayo y Sáez durante toda la legislatura, así como la inevitable conclusión de que debería la presidencia a dos tránsfugas, le impedirían a la rival de Simancas aceptar el nombramiento.
Y en tercer lugar, si Tamayo y Sáez optan por no recoger sus actas de diputado, el parlamento autonómico quedaría compuesto por 109 miembros en lugar de 111. En este caso, los 55 escaños del PP bastarían para formar una mayoría absoluta e investir a Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid. No obstante, y puesto que Tamayo y Sáez podrían recoger sus actas en cualquier momento de la legislatura, la situación de inestabilidad sería análoga a la del caso anterior.
En conclusión, sea cual sea la decisión de Tamayo y Sáez –exceptuando su renuncia al escaño en favor de los siguientes candidatos en la lista del PSOE–, ni Simancas ni Aguirre pueden aceptar ser presidentes con el apoyo directo o indirecto de los dos diputados expulsados del PSOE. Un caso peliagudo que el Estatuto de Autonomía no había previsto y cuya deficiente redacción añade un nuevo obstáculo a la única salida posible en las circunstancias actuales, que es la que Esperanza Aguirre defiende y la que Simancas teme: la convocatoria de unas nuevas elecciones. Ese obstáculo proviene del Art. 18 del Estatuto, que sólo contempla la disolución de la Cámara y la convocatoria de nuevas elecciones transcurridos dos meses de intentos infructuosos para investir un presidente del Ejecutivo o, una vez elegido éste, después de que haya concluido el primer periodo de sesiones (de septiembre a junio).
Concepción Dancausa, auxiliada por los letrados de la Cámara, tendrá que trabajar contra reloj para buscar una salida a un vacío legal que puede prolongar la presidencia interina de Gallardón, combinada con la Alcaldía de Madrid, como mínimo hasta la primera semana de octubre. Quizá la única forma de abreviar el proceso, siempre y cuando pueda entenderse –algo que tampoco especifica el Estatuto– que el primer periodo de sesiones finaliza el próximo 30 de junio, es que Aguirre y Simancas lleguen a un acuerdo para investir a uno de los dos candidatos y que éste pueda instar la disolución de la Cámara a principios de septiembre. De no ser así, lo más probable es que la Comunidad de Madrid no tenga nuevo presidente hasta después de El Pilar.
Pero de lo que no cabe duda es de que Simancas, después de airear los detalles de su programa de gobierno conjunto con Izquierda Unida (como la paralización de las obras de infraestructuras previstas y la declaración de guerra a la enseñanza concertada) y mostrada su vocación “depuradora” con la insistencia por imprimir una dirección más “progresista” a Caja Madrid, empieza a oler a cadáver político.
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