Según el profesor Alfredo Rangel, experto en el conflicto colombiano, no entender al adversario implica no entender tampoco la naturaleza del conflicto y, por lo tanto, ser incapaz de formular políticas capaces de terminarlo. En tal sentido, podemos también mantener que sin comprender bien la naturaleza, las causas, los orígenes y las determinantes de nuestra situación de violencia interna, nunca seremos capaces de vislumbrar los mecanismos necesarios para terminarla.
Un primer paso es abandonar ciertos estereotipos actuales con los cuales se intentan estudiar conflictos internos, especialmente en América Latina. La más extendida de esas preconcepciones afirma que, en países como Colombia, la violencia surge como expresión de lucha de las clases pobres, subyugadas bajo una agobiante miseria, contra los sectores ricos y privilegiados, que usan las armas del Estado para conservar sus privilegios. Esa es una concepción del conflicto a lo Robin Hood. ¿Se puede aplicar esa idea a Colombia? Claramente no.
En Colombia, la violencia generada por los grupos guerrilleros se remonta a más de cuatro décadas, y los factores que la han causado y la mantienen han variado mucho. Para empezar, hay gran diferencia entre aquellas guerrillas campesinas de los años 60, cuyo mayor activo era su conocimiento de los montes y su arraigo en sectores de población rural, con la poderosa guerrilla de hoy, cuyo mayor activo es un flujo casi ilimitado de recursos provenientes de la droga, pero que goza de nulo apoyo popular y logra lealtades a punta de pistola.
Además, Colombia es hoy día un país que goza de una democracia con canales de expresión que no existen en otros países más pacíficos. Y pese a que la situación social y de pobreza es sin duda agobiante, no puede afirmarse que esta se debe a la retención de privilegios por parte de élites ricas. De ser así, la guerrilla gozaría de un apoyo popular mayoritario, pero evidentemente ese no es el caso.
Es un error afirmar que los grupos guerrilleros se han transformado en simples narcotraficantes. Estos grupos conservan una intención política clara, la toma del poder, siendo el narcotráfico la manera de financiar la lucha por ese objetivo. Por eso la guerrilla ya no necesita apoyo popular para ser fuerte. Con los fondos procedentes de la droga accede a armamentos, explosivos, municiones y recursos logísticos que en ocasiones son superiores a los de las fuerzas militares. La búsqueda de apoyo popular en las regiones que dominan, que antes se hacía mediante arengas, movilizaciones y propaganda política, hoy se hace a través de la intimidación, el reclutamiento forzoso y los “paros armados”.
Un agudo escrito del profesor Eduardo Posada Carbó (¿Guerra Civil?, Editorial Cambio, 2001, Bogotá) ha contribuido al esclarecimiento del problema. Según Posada, es un grave error referirse a la situación colombiana como guerra civil, en especial porque no existe una confrontación entre sectores de la sociedad ni entre un sector de la sociedad y las autoridades. Existe, sí, una confrontación entre el Estado y grupos armados ilegales. Esa confrontación, aunque en su estructura se asemeja a un problema policial y orden público, no puede por sus dimensiones recibir tal tratamiento.
Cometen también un grave error quienes fustigan los esfuerzos del presidente Alvaro Uribe contra los terroristas argumentando que en vez de tales medidas deben atacarse “las causas objetivas del conflicto”. En primer lugar, la más importante y fundamental misión de todo gobierno es brindar seguridad a la ciudadanía y eso está fuera de discusión. En segundo lugar, si el gobierno concentrara sus esfuerzos en esas supuestas causas objetivas, la violencia aumentaría dramáticamente porque en realidad no responde a tales causas.
Andrés Mejía-Vergnaud es director general del Instituto Desarrollo y Libertad.
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