El último disparate circense de Fidel Castro y su hermano Raúl presidiendo sendas manifestaciones “de rechazo” contra los gobiernos de Italia y España donde se lanzaron insultos y eslóganes del peor gusto contra Aznar y Berlusconi, hubiera sin duda merecido una vigorosa respuesta diplomática primero y política después acorde con la gravedad de los hechos y la intrensidad de las bravatas lanzadas por los hermanos Castro y sus sayones contra dos países con los que el régimen cubano mantiene relaciones diplomáticas y de todo tipo. No ha sido así.
El gobierno italiano se apresuró a convocar a la embajadora cubana en Roma para leerle la cartilla y advertirle que no tolerará más insultos. El gobierno español dio la callada por respuesta y no convocó a la representante castrista ni presentó en La Habana la más mínima protesta. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, dijo que convenía no participar en la “escalada verbal”. Lo mismo o parecido dijo el vicepresidente Rajoy (los insultos de Castro se califican por sí solos) y el editorial que le dedicó al asunto el diario El País. El PSOE, por boca de Jesús Caldera, apoyó la prudente conducta del Gobierno. A esto suele llamarse en estos pagos “consenso”.
La “matizada” respuesta española a las provocaciones de un loco criminal, como es Castro, puede interpretarse de muchas formas: para unos será una prueba eximia de prudencia diplomática, para otros una bajada de pantalones. Habrá incluso quien diga –¿tal vez Llamazares?– que Castro tenía toda la razón en injuriar a Aznar.
Y habrá también quienes expresen su conformidad porque esta es la mejor manera de defender los intereses de España en la isla. Para estas personas o grupos, convertidos en poderoso lobby según las circunstancias, los intereses de España son apenas sus propios intereses; es decir, los de las empresas, grandes, medianas o pequeñas que venden, compran, fabrican u ofrecen servicios en Cuba.
Todo el mundo sabe qué tipo de imposiciones debe soportar un empresario extranjero en Cuba si es que desea evitarse engorrosos problemas: el personal está sometido a un verdadero régimen esclavista, los sueldos de este personal indígena se entregan en su mayor parte al Estado y los derechos sindicales y laborales se hallan recudidos al mínimo. En Cuba no hay huelgas, nadie protesta –si lo hace va a la cárcel– y obviamente la fuerza laboral es baratísima. Cuando se habla de las empresas españolas en Cuba conviene saber en qué condiciones trabajan y qué tipo de imposiciones admiten: en España pocos lo saben; lo que, por supuesto, no impide que la CEOE, las Cámaras de Comercio, las Autonomías y otras instituciones por el estilo visiten la isla y aplaudan entusiasmadas los “intensos intercambios hispano-cubanos”.
¿Serán acaso estos intercambios los que se trata de salvaguardar con la matizada respuesta española a las injurias, calumnias e insultos de Castro y su hermano? Convendría saberlo, porque si así fuese, la prudencia del Gobierno se convertiría en complicidad y desvergüenza. Llueve sobre mojado: por eso precisamente no deja de resultar paradójico que el patriarca paranoico acuse a Aznar de haber inspirado las sanciones de la UE cuando precisamente si algo caracterizó a Aznar y sus diversos ministros ha sido precisamente su nula disposición a defender los derechos humanos y la dignidad de los disidentes cubanos tal y como había prometido por cierto delante de Mario Vargas Llosa y otras personalidades antes de llegar al poder. Aznar saber mejor que nadie que a gente como Castro nunca se les convencerá con mohines y contenciones versallescas. El único lenguaje que entienden y utilizan es la presión, el chantaje y la fuerza.
Esta historia no ha terminado todavía porque Castro amenazó ya con nuevas represalias contra Aznar y el Gobierno español y que pueden ir desde la clausura del Centro Cultural español en La Habana a la expulsión de algún diplomático acreditado. Todo vale para el dictador. Aquí algunos todavía no se han enterado.
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