Un asesinato etarra sería uno de tantos crímenes que llenan las páginas de sucesos si algo no le diera una especial peligrosidad. Ese algo es que no sólo atenta a la vida de las personas sino, más todavía, a la convivencia democrática y al estado de derecho. Su mensaje es una jactancia publicitaria: la ley no puede con nosotros; y una amenaza: por lo tanto, la ley tendrá que doblegarse a nuestra fuerza efectiva.
Desde ese punto de vista es todavía más peligrosa la política del PNV de desprestigiar, vulnerar administrativamente y poner continuamente en tensión la Ley. Lo hace en simbiosis evidentísima con los terroristas, pero, aunque no fuera así, se trata de un ataque sistemático a nuestra democracia, y como tal debe ser abordado. Muchos políticos y periodistas han estado confundiendo a la gente durante años con la idea de que la actuación del PNV es “legítima” y “democrática” mientras no emplee la violencia. Nada de eso. Es simplemente legal, al menos mientras no se le pueda demostrar una cooperación material y orgánica con los asesinos, como en el caso de Batasuna. Pero legal no equivale a legítima ni democrática. De lo último tiene tan poco como el ideario y aficiones de IU, el partido del Gulag y de Fidel Castro en España.
No saber, o mejor dicho, no querer saber la clase de adversario con que hay que lidiar, ha contribuido a empeorar la situación. Aun ahora tenemos una vaga sensación de falta de firmeza en el Gobierno ¿Qué significa, por ejemplo, eso de que la autonomía no corre riesgos de ser suspendida, o de que suspenderla respondería a los intereses de Ibarreche? Una democracia, salvo las de estilo latinoamericano, no puede plantearse la ley como una cuestión de conveniencias o “generosidades” de los gobernantes. De hecho, el PNV está tensando la situación hasta un punto que muy bien podría hacer preciso suspender la autonomía, y así lo prevé y señala la Constitución. Ciertamente debe hacerse lo posible por no llegar hasta ahí, pero el Gobierno tiene la obligación, no sólo de cumplir y hacer cumplir las normas, sino también de hacer consciente a toda la ciudadanía española, empezando por la vasca, de que el PNV está socavando la autonomía y el estado de derecho hasta extremos intolerables, siendo ese partido el completo responsable de una eventual suspensión del estatuto. Si esta convicción, tan real y razonable, es transmitida a los ciudadanos, la suspensión de la autonomía no tendría consecuencias negativas, salvo para los causantes del desaguisado. Sin amenazas ni amagos, la alternativa debiera quedar muy clara. Las democracias han fracasado por claudicar ante quienes las retan, no por replicarles con la energía adecuada.
La táctica del PNV tiene una larga tradición. Uno de sus episodios típicos ocurrió en verano de 1934, con motivo de unas tasas sobre el consumo del vino que, según el PNV, vulneraban el concierto económico. A partir de ahí, y a pesar de las constantes cesiones del Gobierno, dicho partido, de acuerdo con los socialistas, los republicanos y la Esquerra catalana, lanzó una serie de desafíos y maniobras desestabilizadoras culminantes en una asamblea ilegal de diputados y alcaldes en Zumárraga. La prensa nacionalista y de izquierdas anunciaba que si el Gobierno no se humillaba cediendo en toda regla, el país entraría en una fase de “violencia mayor”, incluso de “guerra civil”, y echaba sobre los gobernantes, de centro, toda la responsabilidad de cuanto se avecinaba. Por una vez, el gobierno fue un poco enérgico, prohibió la asamblea a los alcaldes y llevó a la policía a impedirla. ¿Qué pasó? Que la asamblea fue impedida efectivamente y el alboroto, la “guerra civil”, la “violencia mayor”y las amenazas se desinflaron.
Las cosas nunca se repiten de igual modo, y eso debe tenerse en cuenta, pero también hay modelos de comportamiento que vemos reaparecer una y otra vez.
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