Si no nos gusta la tarifa que nos cobra la compañía de luz, poco podemos hacer. En Estados Unidos dependíamos antes de un monopolio telefónico, pero con la creciente competencia en telecomunicaciones, si no nos gusta el servicio o el precio de la telefónica regional, tenemos acceso a múltiples ofertas de celulares y a diferentes servicios de larga distancia.
A medida que desaparecen los llamados “monopolios naturales”, los precios bajan. No es descabellado asumir que pronto podremos escoger nuestro suplidor de energía eléctrica entre varios oferentes. El precio de la luz dejaría de ser fijado por una comisión estatal y dependerá de la competencia. Eso asusta a mucha gente, acostumbrada a oír que los burócratas están para defendernos de la avaricia empresarial. Por el contrario, gracias a la creciente intervención oficial en la medicina, las vacunas de los niños que en 1971 costaban 10 dólares, hoy cuestan 381 dólares.
Hasta que en 1977 se desreguló el transporte aéreo nacional, sólo los norteamericanos de altos ingresos viajaban en avión; los demás lo hacían en autobuses y trenes. Hoy todo el mundo viaja en avión, excepto quienes prefieren su automóvil y unos pocos que viajan en tren, cuyos pasajes los subsidiamos en más de 50% todos los demás. Pero los políticos quieren un “tren bala” para Orlando.
El alto costo de la intervención oficial fue revelado por George Stigler, premio Nobel de economía. Stigler estudió las consecuencias no previstas de las regulaciones, concluyendo que las empresas y grupos de profesionales a quienes el gobierno exige la obtención de permisos y licencias –para ofrecer servicios telefónicos o funerales, ejercer como maestro, arquitecto, contador, taxista o peluquero– son los verdaderos beneficiarios de las regulaciones, logrando así imponer precios de cartel a los consumidores. Stigler mantenía que “la regulación puede ser activamente buscada por una industria o serle impuesta… la regla es que la regulación es lograda por la industria, diseñada y operada principalmente en su beneficio”.
Las grandes líneas aéreas como United y American no estuviesen al borde de la quiebra si las rutas y el precio de los pasajes fueran todavía fijados por una comisión burocrática, en lugar del mercado. Tampoco existiera Jet Blue, que nos lleva de Fort Lauderdale a Nueva York por 79 dólares.
A pesar de la dramática campaña de alarma y terror de los extremistas ambientales, el mundo goza cada día de más y mejores alimentos, de mayores fuentes de energía e incrementos en productividad. El hambre, enfermedad y miseria que todavía sufre tanta gente son consecuencias de infames leyes, protecciones arancelarias, subsidios y regulaciones que impiden a agricultores de países pobres exportar a Europa y a Estados Unidos, impiden que bajen los precios del gas y del petróleo, impiden que se utilicen adelantos en biotecnología alimenticia, o que se fumigue con DDT, que lejos de perjudicar salvó la vida a millones de latinoamericanos, africanos y asiáticos.
La cuenta de luz aumenta porque no se ha permitido perforar pozos de petróleo en la tundra congelada de Alaska, con la excusa de proteger a algunos renos. Esos son los mismos lunáticos que ven con horror un campo de golf y los embelece un pantano con culebras, caimanes y demás alimañas. Por su parte, Washington –siempre listo para demandar a empresas como Microsoft por prácticas monopólicas– acepta pasivamente al cartel gansteril de la OPEP que financia a crueles déspotas como Chávez, Gadafi y la familia real saudita. La OPEP hace posible que un barril de petróleo cuyo costo de producción en el desierto árabe es de 2 dólares se venda a 30 dólares… un margen de utilidad de 1.400%.
Irak, con cinco veces las reservas petroleras de Estados Unidos, ofrece una extraordinaria oportunidad de beneficiar al mundo. Para ello habría que entregarle la propiedad de la riqueza petrolera a los ciudadanos iraquíes y redactarles una constitución como la que el general Douglas MacArthur le dejó a los japoneses. Pero el Departamento de Estado y la ONU querrán más bien imponerles otro socialismo a los sufridos iraquíes.
Carlos Ball es director de la agencia © AIPE y académico asociado del Cato Institute.
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