Los lectores de Libertaddigital ya pueden imaginarse hasta qué punto estamos de acuerdo con el Fiscal General del Estado cuando ha manifestado su opinión personal favorable a la supresión de la Fiscalía Anticorrupción. Aunque no se ha explayado precisamente en los problemas que genera esa “finca” de dominio progresista, Cardenal ha acertado plenamente en esa solución que nuestro diario venía defendiendo desde hace tiempo, y a la que ahora él se ha sumado alegando que “todos” los fiscales pueden y deben combatir la corrupción.
Sin embargo, no deja de sorprendernos que Jesús Cardenal haya defendido públicamente algo que, pese a su acierto, requiere grandes dosis de valentía política. El Fiscal General no es precisamente un funcionario a lo José Barea que llamaba al pan, pan y al vino, vino, sin amedrentarse por el hecho de que sus recomendaciones puedan chocar contra el discurso dominante y salirse de lo políticamente correcto. Y la Fiscalía Anticorrupción lleva su perversión hasta en el nombre.
Erigirse en contra de la “Fiscalía Anticorrupción” puede ser tan arriesgado como hacerlo contra el “Estado del Bienestar”; los demagogos fácilmente pueden decir que los críticos de ambas instituciones no están preocupados ni por el bienestar social ni por la corrupción.
Hay que recordar que Jesús Cardenal se ha plegado en otras ocasiones a las presiones de los medios socialistas que tanto velan por esa fiscalía especial creada por Felipe González. Cardenal además debería saber perfectamente el revuelo que iba a provocar sus declaraciones en esos medios y en las asociaciones de jueces y fiscales progresistas, sabiendo, por otra parte, que ni el Gobierno ni sus medios de comunicación se atreverían a defender públicamente su propuesta, como de hecho así ha sido.
El ex portavoz del Gobierno del PP, Miguel ángel Rodríguez, publicó ayer un artículo en La Razón en el que reconocía que puede ser que Cardenal “técnicamente, tenga razón al subrayar que todos los fiscales están preparados para afrontar cualquier delito; desde el punto de vista político y, sobre todo, de la Comunicación política, no parece que sea una buena idea”. Haciendo de la perversión del lenguaje, virtud, Rodríquez sentencia que “aunque solo sea por el nombre, la Fiscalía anticorrupción debe existir”.
Es evidente que esa es la misma tesis que debe tener el Gobierno y Michavila, quienes pueden pensar que lo mejor es enemigo de lo bueno, teniendo en cuenta que al frente de esa especial fiscalía está prevista el relevo del tío de la candidata socialista Trinidad Jiménez por el fiscal Antonio Salinas.
No se entiende que una persona como Cardenal se haya atrevido a señalar que “el Rey va desnudo” si no es porque crea que Michavila ingenuamente es de la opinión de Miguel Ángel Rodríguez, quien a propísto de Villarejo dice que “el problema no es el órgano, sino la persona que está al frente de la fiscalía”.
Es verdad que Cardenal ha sido quien ha propuesto como nuevo fiscal jefe anticorrupción a Antonio Salinas, al que no ha negado ningún elogio. Pero Cardenal bien puede temerse con razón que con ese relevo no se vayan a poner fin a los problemas. No hay que olvidar que el Fiscal General del Estado ha tenido poco donde elegir, visto el corporativismo en su contra de los fiscales progresistas. Salinas puede parecer ahora el adecuado, pero torcerse más tarde. Cardenal conoce bien el peso de la presión del resto de los fiscales y de los medios de comunicación. Y es que no hay que olvidar además que, aunque Salinas se haya desmarcado en alguna ocasión de la corriente dominante de los fiscales progresistas, pertenece a ella.
Michavila, por su parte, bien puede haber dado excesivo peso a estos desmarques, y creer que Salinas es la “persona” que puede regenerar “el órgano”, por muy especial y perverso que haya sido este desde el momento en que Felipe González lo alumbró.
En cualquier caso, lo que está claro es que tardaremos poco tiempo en saber si la inusitada valentía que ha demostrado Cardenal en esta ocasión se debía a la ingenuidad de nuestro joven ministro de Justicia.
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