Arzalluz e Ibarretxe lo llevan anunciando desde hace más de un año en repetidas ocasiones: esta sería la legislatura en que la vía soberanista recibiría su impulso definitivo. El órdago del tripartito en materia competencial (el Gobierno vasco pretende asumir unilateralmente competencias que son exclusivas del Estado) y la amenaza de Azkarraga, Consejero vasco de justicia, el domingo de no acatar la inminente ilegalización de Batasuna son muestras evidentes de que no nos encontramos ante la enésima jeremiada que organizan los nacionalistas cuando es preciso arrancar alguna concesión al Gobierno central. Esta vez se trata de una estudiada declaración en rebeldía contra el orden constitucional que es el que, precisamente, hace posible que el País Vasco goce de unas cotas de autogobierno sólo comparables a las de los cantones de la Confederación Helvética.
Desde la Transición, PNV-EA y ETA-Batasuna han perseguido el mismo objetivo, la secesión, en una perfecta simbiosis. A Arzalluz “se le escapó” una vez que no conocía ningún proceso de autodeterminación en que no se diera la circunstancia de que, mientras unos negocian, otros se dedican a “dar leña”. La democracia española, al igual que sucedió con Hitler en Europa, ha cometido el error de no tomar en serio a Arzalluz cuando lanzaba sus proclamas racistas, xenófobas y secesionistas mientras el gobierno del PNV mostraba su cara más amable con Ardanza. Todo se achacaba a la necesidad del PNV –un partido "democrático y moderado"– de caldear el ambiente y subrayar las diferencias cuando había de por medio alguna convocatoria electoral.
Pero el asesinato de Miguel Ángel Blanco puso a ETA-Batasuna –e, indirectamente, al nacionalismo vasco– contra las cuerdas del rechazo social generalizado. Ya no era posible seguir jugando al “policía bueno” y el “policía malo”, porque el reo había adivinado su juego. Desde Estella, tanto PNV-EA como ETA-Batasuna participan y se apoyan mutuamente en la labor de depuración o anulación política de los vascos no nacionalistas sobre la base del miedo, del chantaje o, en última instancia, del asesinato. Lo único que les diferencia es que unos emplean los insultos, las amenazas y las pistolas y otros el Boletín Oficial. El exilio del director del Euskobarómetro y el acoso al párroco de Maruri por parte del propio consistorio son muestras palpables de la política de “limpieza étnica” –diseñada por el PNV-EA y ejecutada por ETA-Batasuna– previa a un futuro referéndum secesionista donde sólo quedará el voto nacionalista y el del miedo de los no nacionalistas que deberán convertirse a la nueva “religión” euskaldún, tal y como tuvieron que hacer los judíos españoles en el siglo XVI respecto del cristianismo.
El gobierno del PP no debería esperar a que el tripartito consume su amenaza de asumir competencias que no le corresponden o de no acatar la ilegalización de Batasuna. El documento aprobado por PNV, EA e IU en el Parlamento de Vitoria –que incluye a Navarra y el País Vasco-francés en su proyecto filonazi–, así como las declaraciones de Azkarraga, dispuesto a elaborar un marco jurídico-político propio donde tengan cabida los cómplices de los asesinos, serían ya materia suficiente para el Gobierno, tal y como prevé el Art. 155 de la Constitución, requiriera oficialmente de Ibarretxe el estricto cumplimiento de la legalidad vigente so pena de suspender el Estatuto de Autonomía. Es algo que habrá que hacer de todos modos –habida cuenta de que los nacionalistas vascos no piensan retroceder– y que serviría de aviso al prudente (pero no menos nacionalista) Pujol, quien aguarda desde la distancia el desenlace de los acontecimientos para obrar en consecuencia.
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