Hace más de dos años que Arzalluz e Ibarretxe lo llevan anunciando, justo después de mayo de 2001: esta sería la legislatura en que la vía soberanista recibiría su impulso definitivo. En julio de 2002, el tripartito ya amenazó con asumir unilateralmente competencias exclusivas del Estado; y Azkarraga, consejero vasco de Justicia, ya advirtió de la intención del gobierno de Ibarretxe de no acatar la ilegalización de Batasuna. Y en este año, hace poco más de dos meses, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ofrecía al portavoz de ETA-Batasuna, Arnaldo Otegi, un “plante conjunto al Estado español”, del que la negativa a disolver el grupo de SA en el Parlamento Vasco no ha sido más la manifestación preliminar.
Apenas tres días después de que Arzalluz –anunciando su retiro con la satisfacción del “deber cumplido” una vez que cree divisar la tierra prometida de la secesión de facto, y designando a precisamente a Egibar como posible sucesor– negara cínicamente a María Antonia Iglesias en El País que el plan de Ibarretxe fuera independentista o soberanista, ABC revelaba el miércoles el articulado del proyecto de Euskorrico; el cual, expresándolo en pocas palabras, hace tabla rasa de la Constitución, partiendo del supuesto implícito de que la entelequia de Euskalherría es un estado independiente que decide, en uso de su soberanía e independencia, asociarse a España.
Bajo el sofisma de la “Comunidad Libre Asociada de Euskadi”, en el delirio de Ibarretxe, el Estado queda privado de las competencias clave en las que descansa la soberanía, conservando la defensa como única competencia relevante: se establece el principio de “ciudadanía vasca”, cuyos derechos y deberes podrán ser definidos al margen de la Constitución. Quedan derogados los Arts. 155 y 161.2 de la Constitución, los instrumentos legales que garantizan la unidad nacional. Se prevé un Consejo General del Poder Judicial independiente, así como un remedo de Tribunal Supremo propio, ambos con competencias plenas al margen de sus homólogos estatales. En cuanto a conflictos competenciales, el Tribunal Constitucional sería sustituido –una vieja aspiración de los nacionalistas– por un “Tribunal de Conflictos de Euskadi-Estado” controlado por los nacionalistas. Queda abierta la posibilidad de convocar un posterior referéndum de reforma del Euskorrico, eufemismo para el referéndum secesionista que reclama ETA, amén de la representación exterior propia o del detalle folklórico de una “selección nacional” de fútbol vasca. Y muy importante: competencias propias en cuanto a legislación sobre partidos, para poder rehabilitar el brazo político de ETA, cuyo apoyo en el Parlamento Vasco es imprescindible para poner en marcha la farsa jurídica que “legitime” el proceso secesionista en el seno de una “tregua” pactada con los terroristas. Cuyas pistolas y bombas, como prueban los atentados de Alicante y Benidorm, son imprescindibles para persuadir al resto de España de que sólo el plan de Ibarretxe puede traer la ansiada paz.
Como ya advertíamos hace justo un año, hace poco más de tres meses y hace escasamente unas semanas, los nacionalistas iban en serio. No es necesario reiterar que el Euskorrico nacionalista carece de posibilidades de prosperar mientras se mantenga el actual marco institucional que prevé la Constitución. Ni tampoco es preciso recordar que la Unión Europea, cuya Constitución verá la luz próximamente, ha dejado bien claro que no aceptará en su seno a futuribles escisiones procedentes de los estados miembros.
Sin embargo, sí que es conveniente señalar que los nacionalistas han demostrado estar dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr su objetivo: conferir fuerza legal y desarrollar hasta sus últimas consecuencias el embrión de estado totalitario euskaldún que laboriosamente han ido construyendo durante 25 años de constante chantaje a España con el pretexto de ETA. De momento, se conforman con la independencia de facto que podrían obtener de un PSOE que arribara en minoría a La Moncloa en el actual estado de descomposición, provocado por la pusilanimidad y la cortedad de miras de Zapatero, por la caída de Redondo Terreros y por las doctrinas de Maragall y Elorza. Y a tal efecto, también cuentan con las “vibraciones simpáticas” que este auténtico golpe de Estado institucional que proyectan puedan provocar en los nacionalistas catalanes, sus socios tradicionales en el objetivo estratégico de desmembrar España como condición previa para lograr el objetivo último de todo nacionalista: la secesión.
Ha llegado la hora en que el PSOE debe definir con absoluta claridad cuál es exactamente su postura en torno a la cuestión nacional. Ya no hay espacio para las extravagancias de Maragall, para las sumisiones de Elorza al PNV o para las “equidistancias” de Patxi López. Zapatero deberá optar por desautorizar públicamente al “sector centrífugo” del PSOE y pactar con el PP las líneas de defensa de la unidad nacional –única garantía real de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho. O bien despedirse definitivamente de llegar a La Moncloa algún día para ser testigo y responsable directo de la definitiva descomposición de su partido.
En España
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro