Justo es reconocer que Marbella, en los más de diez años de gobierno de Gil, pasó de ser una ciudad decadente, sucia e insegura –el legado de los consistorios socialistas– a convertirse en un emporio económico y turístico, una vez resueltos los problemas de limpieza y de orden público. Y es evidente que una ciudad, para crecer, necesita construir. No cabe duda de que Gil formó su ya extinto partido principalmente para atender a sus propios intereses inmobiliarios, y que sus empresas han sido unas de las principales beneficiarias del auge de Marbella; pero también es cierto que ha sido él mismo quien ha creado las condiciones necesarias para ese auge, del que la inmensa mayoría de los marbellíes se ha beneficiado. De ahí su éxito y las mayorías absolutas del GIL durante más de una década.
El novelón rosa que han protagonizado Julián Muñoz e Isabel Pantoja ha servido de pretexto para justificar una moción de censura donde se han unido los restos del GIL fieles a su fundador con sus enemigos irreconciliables del PSOE y del Partido Andalucista. Pero todo parece indicar que los motivos de fondo son urbanísticos. Julián Muñoz quería elaborar un PGOU que, por fin, recibiera la aprobación de la Junta de Andalucía –la cual, por cierto, siempre ha procurado negar el pan y la sal a los municipios gobernados por el GIL. Para ello, debía prescindir del concejal de urbanismo designado por Gil y nombrar a otro, más del agrado de la Junta. Y esto fue, probablemente, lo que desencadenó la crisis y la escisión en el GIL. Los partidarios de regularizar el urbanismo marbellí, de acuerdo con las restrictivas normas de la Junta, chocaron con los fieles a Gil, probablemente partidarios de continuar en el statu quo actual: construcciones aprobadas por el Ayuntamiento pero no autorizadas por la Junta. Un número nada despreciable de edificios en Marbella se encuentra en esa situación, y Gil ha jugado precisamente con la baza de que la Junta de Andalucía jamás se atrevería a demolerlos.
Con Gil inhabilitado desde hace un año por el caso de la publicidad de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid –un asunto de menor cuantía comparado con la fortuna personal de Gil, que Jiménez Villarejo, su enemigo declarado, sacó de quicio con tal de poder inhabilitarlo y meterlo en la cárcel–, Julián Muñoz comenzó a ir por libre sin calcular sus verdaderas fuerzas y sin tener en cuenta los grandes intereses económicos que su antiguo jefe mantiene en Marbella, amenazando con levantar alfombras que ocultan corrupciones e irregularidades de las que él, probablemente, no es ni mucho menos ajeno, a juzgar por los asuntos que tiene pendientes con la justicia. Y por mucho que Gil lo niegue, la hipótesis que mejor explica lo sucedido en el ayuntamiento marbellí –donde sus enemigos irreconciliables se han aliado con los concejales que le han permanecido fieles para expulsar del sillón municipal a Julián Muñoz– es precisamente el interés de Gil en mantener el statu quo urbanístico de Marbella y, probablemente, en tapar episodios poco edificantes de su gestión. Quizá el mejor indicio de ello es que, en el nuevo gobierno municipal, los restos del GIL fieles al fundador, los concejales expulsados del PSOE con Isabel García Marcos a la cabeza y los concejales del Partido Andalucista compartirán la concejalía de urbanismo estructurada sobre la empresa municipal Planeamiento 2000, el único aspecto conocido de su programa de gobierno.
No cabe duda de que el espectáculo que ha vivido Marbella, con cruces de acusaciones de corrupción entre Gil y Muñoz en programas de televisión rosa de alta audiencia, con concejales tránsfugas que hacen caso omiso de las directrices de sus partidos y, sobre todo, por la mal disimulada lucha por el poder recalificatorio en el ayuntamiento, es de lo más bochornoso que ha podido presenciar la vida política española en los últimos años. Sin embargo, no hay que perder de vista que en otros muchos municipios menos famosos que Marbella se dan situaciones y circunstancias parecidas. A estas alturas, a nadie se le oculta que la facultad de los ayuntamientos para recalificar terrenos de forma más o menos arbitraria es, con mucho, la principal fuente de financiación de los propios ayuntamientos, la principal fuente de corrupción en la vida política española y, por desgracia, también una de las principales fuentes de financiación ilegal de los partidos políticos.
Por todo ello, si de verdad se quieren evitar episodios como el de Marbella y regenerar la vida política, es necesario abordar de una vez por todas la reforma de la Ley del Suelo –abortada, por desgracia, por el Tribunal Constitucional a instancias del PSOE– y de la Ley de Haciendas Locales. El poder discrecional es siempre fuente de corrupción. Sobre todo cuando ese poder, como sucede con las recalificaciones urbanísticas, tiene la facultad de crear millones de euros en valor con una sola firma
En España
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro