Si bien es cierto que en el Perú se han privatizado los sectores de telecomunicaciones y electricidad, y ello ha permitido reducir el déficit de infraestructura pública, además de mejorar la cobertura y calidad de los servicios, el ciudadano peruano todavía sigue asumiendo los costos de las ineficientes empresas públicas. Demasiadas para mi gusto.
Hoy por hoy, la instalación de una línea telefónica se hace a un costo razonable y en una semana, a diferencia de los precios siderales que cobraba la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), cuando ésta era del Estado. Sin mencionar que la instalación debía esperar cerca de tres años. Y un poco menos si es que el solicitante de la línea, además de ser una persona acaudalada, tenía muy buenos contactos políticos.
Ahora bien, es cierto que cuando en el país empezó a privatizarse, algunas privatizaciones se hicieron mal y algunos monopolios públicos se volvieron monopolios privados. Pero ello no significa que las privatizaciones sean malas, como nos dicen los políticos de izquierda, para quienes dicha palabra supone casi vender el alma al diablo.
Fujimori, además, les ha dado argumentos a estos profesionales de la irresponsabilidad. Durante su penoso gobierno, ingresaron poco más de cinco mil millones de dólares gracias a la privatización, pero éstos fueron dilapidados en cubrir el déficit fiscal o se esfumaron en sospechosas adquisiciones de armamento.
Actualmente, el presidente Alejandro Toledo, aun cuando se jacte de haber iniciado una política de austeridad (por presión de la opinión pública, más que por un asunto de convicción), en la práctica se resiste a la sobriedad y a la continencia. Sigue despilfarrando porque no quiere deshacerse de los innumerables bienes que todavía posee el gobierno. De esa manera, el Estado peruano jamás tendrá los fondos que necesita y que Toledo en sus primeros tres años de gobernante derrochó en frivolidades e innecesarios viajes, con numerosas comitivas.
La privatización atrae inversiones y aumenta los ingresos del fisco, convoca a la prosperidad y al desarrollo, disminuye el clientelismo político y el proteccionismo, reduce la corrupción, fortalece la economía, crea nuevos puestos de trabajo. Lo contrario significa apostar por el Estado empresario, aquel que ya nos está conduciendo a la miseria y el atraso a millones de peruanos.
¿Por qué los políticos no entienden de una vez por todas que el Estado debe reducirse y limitarse a velar por la salud, la educación, la seguridad y la justicia? ¿Por qué no comprenden que el Estado debe ser fuerte, pero chico, y capaz de brindar seguridad a la inversión? ¿Es acaso tan difícil ver lo evidente?
Pedro Salinas es corresponsal en Lima de la agencia © AIPE.
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