Con fecha uno de Septiembre el Boletín Oficial del País Vasco recoge una Orden del Consejero de ¿Justicia? por la que se convocan ayudas de viaje para los familiares de presos internados fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. De esta manera los reclusos, básicamente terroristas de ETA, van a recibir otro año más la visita de sus familiares con cargo a los Presupuestos Generales. A tal fin, en este ejercicio nuestro Gobierno ha tenido a bien dotar una partida con la nada despreciable cantidad de doscientos mil euros. Cifra que, por poner un ejemplo no reciben ni de lejos y en su conjunto, Asociaciones como Covite o la Fundación Gregorio Ordoñez. Por lo visto, Ibarretxe en su alocada carrera por agradar a la militancia de la ilegalizada Batasuna ni siquiera se molesta ya en cuidar la estética.
Ante la reiteración en el despropósito, frente a la contumacia en la ofensa, las víctimas del terrorismo –¿recuerdan la negativa inicial de ETB a transmitir un anuncio de la Fundación Víctimas del Terrorismo?– no podemos dejar de oponer nuestra denuncia de la equidistancia diabólica que practica el Gobierno Vasco. Y digo diabólica por que un Gobierno cuya prioridad, como así se ha dicho, son las víctimas del terrorismo no puede a la vez pagar los honorarios de los psicólogos que atienden a las víctimas y sufragar las visitas a sus verdugos. Quien así actúa, además de ser un cínico de primera magnitud, demuestra una refinada capacidad para ofender a las víctimas y humillar su memoria.
Para cualquier demócrata que esté de manera incondicional con quienes han sufrido el ataque del terrorismo, destinar un solo euro público a reconfortar a los verdugos con la visita de sus familiares, es un acto de una bajeza moral que no necesita de más comentario. En esta materia no hay espacio ni para los grises ni para los matices. Quienes desde las Instituciones estén con las víctimas deben repudiar y marginar, sin sombra alguna de duda, a los terroristas y a quienes les procuren amparo del tipo que sea. Aquellos que con sus decisiones incomoden conscientemente a las víctimas, reportando además con ello satisfacción a los terroristas, no merecen contarse entre los ciudadanos de bien.
Hace apenas dos meses, al culminar el anterior periodo de sesiones, en un Pleno solemne todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara acordamos por unanimidad, con la excepción de la ilegalizada Batasuna, una batería de medidas encaminadas a mejorar la situación moral y material de las víctimas del terrorismo. Dicho acuerdo fue fruto de múltiples sesiones desarrolladas en la Ponencia constituida al efecto en la Comisión de Derechos Humanos. Sesiones en las que escuchamos atentamente a Políticos, Jueces, Profesores Universitarios y Víctimas del terrorismo que, a mi juicio, dejaron un mensaje claro en demanda de un respaldo y un apoyo institucional que no habían visto hasta la fecha en las actuaciones del Gobierno Vasco.
Pues bien, nuestro Gobierno, con esta nueva decisión, ha traicionado no ya el espíritu sino incluso la letra de aquellos acuerdos y en ambos las ilusiones y las demandas de quienes, confiada e ingenuamente podemos decir ahora, respondieron a nuestra llamada. Si Ibarretxe y su Ejecutivo quieren recuperar aquel espíritu y sobre todo el crédito perdido en materia tan sensible, no tiene otro camino que anular de inmediato la Orden del Consejero de Justicia. De no hacerlo, cuando por desgracia asistamos a un nuevo atentado terrorista, que no transmita compungido el Lehendakari su solidaridad a las víctimas y a sus familiares. Solidaridad, Respeto, Apoyo, Cariño, son sentimientos que, en casos como el presente, sólo pueden ya conjugarse con hechos y no con palabras.
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