¿Por qué las supuestas reformas de libre mercado, de desmonopolización y las privatizaciones son tan resistidas en América Latina? Obviamente que no hay una única razón. Como en todos los asuntos humanos, las respuestas son múltiples y complejas, teniendo gran relevancia el proceso histórico –conquista, colonización española o portuguesa– que dio origen y forma a nuestras respectivas sociedades.
Sin embargo, España, el germen de nuestra impronta cultural, sí fue capaz de pegar el salto cualitativo y pasar a ser un Estado moderno y próspero, en contra de los pronósticos que auguraban un porvenir de perpetuo atraso con relación al resto de Europa occidental. Ayer, gran exportador de capital humano; hoy, receptor de muchas corrientes migratorias, especialmente latinoamericanas. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué parecemos eternamente condenados a la miseria y al subdesarrollo?
El motivo principal, hecho generador de los males que nos afligen, es que nuestro subdesarrollo es fundamentalmente político. Hasta en los líderes que parecen más modernos y fingen querer encarar reformas “liberalizadoras” de la economía, los impulsos progresistas no pasan de la mera retórica. Ganadas las elecciones, esgrimen mil pretextos para no llevarlas a cabo. Y aún en aquellos casos donde “en apariencia” se implementaron, los mismos gobernantes en forma encubierta –salvo en Chile– se encargan de boicotearlas.
Hay algo que es claro. Cuanto más tiempo lleva un partido político en el poder (algunos prácticamente durante todo el siglo XX), por experiencia han aprendido que si no “abren” un poco el juego, escasean los recursos necesarios para seguir alimentando el “clientelismo”, el “amiguismo” y sus propios intereses, fundamentalmente el perpetuarse en el poder. Por eso es común ver que los partidos que aún no han obtenido las riendas del mando sean los más “populistas” y los otros parecen más “serios”.
En Uruguay, se llevó a cabo una desmonopolización en la vital área de las telecomunicaciones. Luego, para impedir que un plebiscito impulsado por el sindicato afectado y la izquierda eventualmente anulara esa reforma, el gobierno derogó su propia ley. Aún así, las empresas que durante ese breve lapso consiguieron la licencia para funcionar en régimen de libre competencia quedaron operando.
Pues bien, antes de que los consumidores pudieran apreciar en su real magnitud la sensible rebaja de las tarifas, el gobierno impuso un brutal aumento de los impuestos que gravan a esas compañías, para compensar la “pérdida” de recursos fiscales tras la caída del monopolio estatal en ese sector. En suma, para el pueblo, supuesto destinatario de los beneficios de la desmonopolización, nada cambió. Nuevamente el Estado, es decir, la clase política y burocrática, se “apropió” de las utilidades.
Para no “repetir” los errores que Argentina supuestamente cometió con sus privatizaciones, el gobierno uruguayo creó, entre otras, a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). En estos días, la URSEA cuestionó que el Ejecutivo autorice, mediante un decreto que está elaborando, a la empresa monopólica estatal que produce y distribuye energía eléctrica (UTE), a trasladar a las tarifas, por 15 años, el costo de la compra de una central a gas, más una utilidad no determinada. Eso significaría borrar de un plumazo, los mecanismos diseñados para proteger al consumidor.
La URSEA entiende que el artilugio propuesto por el gobierno implica un traslado automático de todo tipo de costos a los consumidores, que quedarán de hecho cautivos de UTE. De ese modo, el Ejecutivo estaría decretando una reserva de mercado para la compañía estatal en esa área y haría muy difícil que alguna firma privada se instale en el Uruguay para competir con ella.
Por el momento, todo parece indicar que esas advertencias serán olímpicamente ignoradas por la administración del presidente Batlle. Una vez más serán los consumidores, o sea la sociedad en su conjunto, los perjudicados.
Con estas innovaciones a lo “gatopardo”, ¿realmente podemos sorprendernos de la decepción que embarga a nuestros pueblos con respecto a las reformas llamadas de “libre mercado”?
Hana Fischer es analista uruguaya.
© AIPE
En Libre Mercado
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