Hasta hace unos días, según el presidente Vicente Fox, la situación imperante en el mercado laboral mexicano no presentaba ningún problema. Los empleos que se habían perdido en el sector formal de la economía se habían compensado con un incremento en el número de individuos laborando en el sector ilegal de la economía, como si fuesen comparables. Estábamos, en su opinión, con la economía viento en popa. Pero ahora el presidente, con las cifras de desempleo y subempleo que anunció el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en una muestra de absoluto pánico y total falta de profesionalismo, señala que hay una grave crisis de empleo en México y anuncia un programa de 100 millones de pesos para becas de capacitación ¿Por qué 100 millones? Pues porque se le ocurrió, como muchas otras de sus periódicas ocurrencias. Además, le pide al Congreso que apruebe las reformas estructurales, a la banca que expanda el crédito, a los gobernadores que instrumenten programas de empleo, a las Secretarías de Estado que cambien el calendario del gasto gubernamental y más.
¿Resuelve esto el problema del empleo en México? Pues claro que no, y no lo hace simplemente porque no va al fondo del problema.
En México existe un grave problema estructural de empleo porque hacer negocios es demasiado costoso para las empresas. Infinidad de regulaciones y permisos federales, estatales y municipales con las que hay que cumplir, en un proceso lento y notoriamente corrupto hace que los costos de abrir, operar, crecer y cerrar una empresa sean exageradamente altos. El presidente señaló al inicio de su mandato que iba instrumentar un profundo programa de desregulación, pero dos años y medio después nada se ha hecho. Y ahora lo vuelve a anunciar. ¿Es creíble? Claro que no porque no hay disposición de ir contra los intereses de la burocracia federal, estatal y municipal, grupos que actuando como buscadores de rentas luchan a brazo partido por defender las regulaciones que ellos administran. Así es que muy poco podemos esperar.
Contratar mano de obra en México es muy caro porque despedir trabajadores también lo es. Si una empresa tiene que enfrentar altos costos de despido, dedicará más tiempo y recursos para buscar trabajadores con la productividad esperada, por lo que el proceso de contratación se vuelve más costoso.
¿Se está planteando reducir los costos de despido en una nueva legislación laboral? No y, peor aún, casi toda la legislación laboral contiene un claro sesgo en contra de la utilización de la mano de obra.
Otro grave problema que afecta negativamente al proceso de creación de empleos en México es la significativa inseguridad en la que vivimos. Una es la impunidad con la cual se cometen los delitos, lo cual implica que las empresas enfrentan pérdidas por actos delictivos y tienen que gastar recursos en mantener un aparato de seguridad propio, a pesar que dotar seguridad y proteger los derechos privados de propiedad son la razón de ser de todo gobierno.
Otra es la inseguridad jurídica que impera en México. No existe igualdad ante la ley bajo un gobierno que decide cuándo y a quién se le aplican las leyes vigentes. Así vemos el crecimiento del sector informal, donde labora casi la cuarta parte de la población económicamente activa.
También sufrimos la enorme incertidumbre sobre si los contratos serán honrados debido a que el ministerio público y el poder judicial no sólo son ineficientes sino parciales y corruptos. Es tan deficiente el proceso judicial para obligar a las partes a cumplir los contratos que el crédito bancario es escaso y exageradamente caro.
Si estos problemas no se arreglan, difícilmente habrá una reactivación del crédito y las pequeñas y medianas empresas carecerán de los recursos requeridos para crecer y dar empleo.
Promesas y acuerdos huecos del gobierno van y vienen, pero la economía está prácticamente paralizada.
Isaac Katz es investigador y catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
© AIPE
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