El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha resuelto, esgrimiendo razones formalistas, que las firmas recogidas en febrero pasado para pedir un Referéndum Revocatorio del mandato de Hugo Chávez no son válidas. Esta reciente decisión, por más increíble que parezca, ha dejado aparentemente a todos contentos. La situación actual, llena de sutilezas, requiere de un análisis que haga inteligible la complejidad del juego político que hoy se desarrolla en Venezuela.
Los partidarios del gobierno, naturalmente, se encuentran satisfechos con la anulación de la petición de referéndum. Su estrategia, bastante elemental, ha sido hasta ahora la de ganar tiempo para demorar la posibilidad de un acto electoral que seguramente sacaría a Hugo Chávez de la presidencia, llevándolos a una derrota de la que les costaría mucho recuperarse. Por eso se han sentido respaldados por la decisión del CNE: apuestan a crear dificultades, a entrabar el proceso, a llevarlo a un punto muerto que desespere a la oposición y les permita consolidarse en el poder.
Pero la oposición ha reaccionado de un modo maduro y sereno que, en el fondo, responde a una evaluación bastante objetiva de sus posibilidades. Es cierto que ahora tendrán que recogerse –otra vez– las firmas necesarias para solicitar el referéndum y que esto permitirá al gobierno realizar nuevos actos de intimidación y de amedrentamiento. Pero lo significativo no es esto, la demora que se produce o los nuevos riesgos que se habrán de correr; lo importante es que un nuevo acto de recogida de firmas puede convertir sus actuales debilidades en fuerza para el futuro, pues permitirá propinar a Chávez una derrota política prácticamente decisiva.
Para vencer en el referéndum se necesita lograr una votación afirmativa que supere la que en el año 2000 obtuviera Chávez en su segunda postulación a la presidencia, es decir, algo así como 3.800.000 votos. ¿Cómo reaccionará la opinión pública del país y la comunidad internacional si, en un proceso impecable, el 5 de octubre se recoge una cifra superior de firmas? ¿Qué estratagema legal o qué despliegue de violencia podrán ocultar que el presidente ya ha perdido de hecho el referéndum, pues es bien sabido que resulta más difícil ir a firmar contra él, públicamente, que votar en la seguridad del anonimato?
Al aceptar la decisión del CNE sin rebeldías inoportunas, pero exigiendo reglas claras de juego para desarrollar el proceso de un modo limpio y efectivo, la oposición se sitúa entonces en una posición inmejorable para alcanzar el objetivo de terminar con este régimen de vocación despótica, que pretende llevarnos a un socialismo trasnochado que sólo ha servido para crear miseria. El camino, ahora, parece abrirse para que la crisis venezolana se resuelva en pocos meses de un modo pacífico y democrático. Pero no todo está claro y todavía son muchas las amenazas que se ciernen sobre Venezuela.
En primer lugar porque no es seguro que las normas que salgan del CNE sean ecuánimes y razonables: son muchas las presiones que ejercerá Chávez para imponer nuevos y absurdos obstáculos. Pero, aun cuando se supere este inconveniente y se llegue en paz al “Reafirmazo” del 5 de octubre, las reacciones de quienes detentan el poder son imprevisibles.
Empecinados en promover un régimen semejante al que soporta Cuba, los partidarios más extremos de Hugo Chávez –algunos de los cuales controlan posiciones clave en las fuerzas armadas– tratarán de sabotear el proceso, de negarse a entregar el poder, de promover como nunca un clima de caos y una escalada de violencia que desemboque en alguna forma de guerra civil. No es fácil que lo logren pero, en todo caso, debemos prepararnos para enfrentar esa trágica eventualidad.
Carlos Sabino es corresponsal de la agencia © AIPE en Caracas.
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