El grado de descentralización administrativa a que ha llegado el Estado español hace que, en muchas ocasiones, la pelota de las decisiones de política económica se encuentre en el tejado de las autonomías en lugar de en el del Gobierno central. De esta forma, las respectivas consejerías regionales de Economía se han transformado, potencial o realmente, en verdaderos ministerios en el ámbito económico como consecuencia de los poderes que les han sido transferidos. Por desgracia, los Ejecutivos regionales cuentan con las competencias pero no saben, no quieren o no son conscientes de que ahora les toca a ellos ejercerlas, les guste o no, porque el Estado ya no tiene capacidad para ello.
En esta actitud están todos los partidos políticos con competencias de Gobierno, con la excepción del PNV que utiliza las competencias transferidas al Ejecutivo de Ajuria Enea, e incluso las que no tiene, para tratar de atraer a empresas al País Vasco, sobre todo con el empleo de medidas fiscales. Convergencia i Uniò, sin embargo, sigue pidiendo que el Estado le resuelva sus asuntos. En materia de comercio legisla a favor de los "botigets", esto es, los tenderos, que son una buena reserva de votos, pero en materia tributaria, aunque entiende que la supresión del Impuesto de Sucesiones es buena, no quiere hacerlo si el Estado no le compensa por la pérdida de ingresos. Pero la política fiscal, dado el grado de competencias de las autonomías, ya no es tanto una cuestión de si se ingresa tanto o cuanto por recaudación o por transferencias como de filosofía de política económica. Eso lo ha entendido el PP, con la propuesta de Rajoy, aceptada por las comunidades en las que gobierna su partido, de suprimir este gravamen. Por desgracia, esta filosofía, la de bajar impuestos, apenas la aplican las autonomías en lo que se refiere al IRPF más allá de ciertas desgravaciones por número de hijos, vivienda, etc.
En este asunto, no hay diferencias entre partidos, como tampoco las hay en materia de vivienda, otra competencia que, por obra y gracia del Tribunal Constitucional, le corresponde a las autonomías, no al Gobierno central. El PP se ha pasado buena parte de la legislatura tratando de promover un pacto con las autonomías para liberalizar el suelo y, de esta forma, abaratar un precio de la vivienda que alcanza niveles y ritmos de crecimiento escandalosos. Sin embargo, el Ejecutivo no ha encontrado eco a sus propuestas en las autonomías gobernadas por el PP. Y el PSOE, que se harta de denunciar una y otra vez lo mucho que cuesta comprar una casa y que demanda con insistencia medidas para resolver el problema, no se aplica a la tarea en aquellas comunidades en las que detenta el poder. O sea, seguimos instalados en la mentalidad de que todo lo resuelva el Estado cuando hoy muchas cosas se tienen que arreglar en el ámbito autonómico. A ver si se enteran de una vez.
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