Tras la aberrante propuesta de Juan José Ibarretxe, las reacciones. Todos, salvo los nacionalistas vascos, parecen preferir la retirada del plan. El PP y su Gobierno hacen referencia a las previsiones constitucionales y piden a los ciudadanos tranquilidad, como si el problema fueran los ciudadanos, ante este intento de ruptura de la “mayoría estatutaria”. El PSOE cree que debe ser sustituido por otro tipo de acuerdo que, en base a lo que llaman posibilidades de desarrollo del Estatuto, haga que todos se sientan cómodos. El Círculo de Empresarios Vascos advierte de la inestabilidad e incertidumbre que el proyecto nacionalista introduce, aunque manifiesta su respeto a la legitimidad del lehendakari para plantear propuestas. Izquierda Unida, que gracias al PSOE juega un papel importante en la política española, un papel que no le corresponde ni por votos ni por sentido común, está encantada. Los periódicos hacen cábalas acerca de si las previsiones de Ibarretxe se cumplirán o no y trata de discurrir sobre si hay o no resquicios jurídicos para ello.
Y, ante todo esto, yo sumo mi nota de pesimismo. No se trata de romper una mayoría, ni de sustituir un plan por otro, ni de apuntar la teórica imposibilidad del plan (“pero no es posible...”, “pero cómo se van a atrever...”, etc.), ni de preocuparse a estas alturas por la creación de riqueza. De lo que se trata es de que estamos ante una ofensiva totalitaria, que no tiene nada de democrática, que rompe las bases de cualquier sociedad moderna, que trata de controlar el poder y hacer desistir a los adversarios. Si a los empresarios les parece legítimo hacer este tipo de propuestas, si el PP nos habla del Tribunal Constitucional y de la mayoría estatutaria, si el PSOE quiere cambiar el plan por otro proyecto para que hasta los antidemócratas nacionalistas estén a gusto, si IU está feliz... al PNV no le hace falta más que tiempo.
Así de triste.
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