El plan que el miércoles anunció Prodi para estimular el crecimiento económico de la UE no es, en absoluto, ajeno a la situación en la que se encuentran Francia y Alemania. Es más, apenas dos semanas después de que Chirac y Schroeder se reunieran en Berlín para anunciar una nueva iniciativa de crecimiento económico para Europa basada, además de en las obligadas reformas estructurales, en proyectos de infraestructura, telecomunicaciones y medio ambiente, la Comisión Europea ha aprobado un plan de inversiones públicas –se trata de 29 proyectos prioritarios para ejecutar hasta 2020, con un coste de unos 220.000 millones de euros (casi 37 billones de pesetas)– precisamente en infraestructuras del transporte, en energía, en investigación y en el área de las telecomunicaciones (banda ancha). Todo ello, según se dice, con el objeto de impulsar el crecimiento entre un 0,6 y un 1,1 por ciento y de mejorar el empleo; pues, según afirmó Prodi, desde hace tiempo Europa vive un fenómeno de crecimiento lento, con la confianza de los consumidores “en horas bajas” y un aumento cíclico del paro.
No cabe duda de que la construcción y mejora de carreteras, autopistas y ferrocarriles tiene efectos saludables sobre la actividad económica, pues la mejora del transporte reduce los costes de las empresas, haciéndolas más competitivas. Lo mismo cabe decir respecto de la energía o de las telecomunicaciones, así como de la investigación, siempre y cuando estos proyectos estén inspirados y dirigidos por el sector privado y no por los planificadores de Bruselas. Ahora bien, el presentar gigantescos proyectos de gasto en estas áreas como la solución a los problemas de estancamiento económico de Europa –léase, sobre todo, Francia y Alemania–, apenas es algo más que una falaz excusa para poner de nuevo en práctica las viejas recetas de Keynes, ensayadas una y otra vez aun a pesar de que jamás han servido para fundamentar un crecimiento económico sano y estable. Las infraestructuras y la investigación en tecnologías punta no generan por sí solas la competitividad y el crecimiento económico. Más bien, son sus catalizadores sólo cuando se dan las condiciones adecuadas en el marco laboral, en el fiscal y en el presupuestario, principalmente.
Hace poco más de una década, Japón era el país del mundo líder precisamente en infraestructuras del transporte, en telecomunicaciones y en tecnologías punta. Sin embargo, la rigidez de sus mercados laboral y financiero le impidieron hacer frente a la crisis de principios de los noventa. Y de nada han servido durante estos últimos diez años las políticas de déficit y de gasto público que han puesto en práctica los sucesivos gobiernos nipones. Antes al contrario, han convertido uno de los países con menor endeudamiento público y privado del mundo y mayor solvencia –de hecho, Japón era el principal comprador de bonos del tesoro americano– en una bomba de relojería financiera, donde la deuda pública acumulada supera el cien por cien del PIB en la que es la segunda economía del mundo.
El ejemplo de Japón debería hacer reflexionar a los burócratas europeos, demasiado pendientes de las necesidades y de los intereses –erróneamente entendidos, por otra parte– de Francia y Alemania que, en última instancia, pretenden financiar sus políticas keynesianas de gasto en infraestructuras a cargo del presupuesto europeo, pues ya han traspasado los límites de déficit y endeudamiento que marca el Plan de Estabilidad del euro. Es de profundas reformas estructurales –que Schroeder ya está intentando aplicar en Alemania–, especialmente de la reforma del Estado del bienestar, de donde ha de partir la recuperación del crecimiento y de la competitividad de las economías europeas, especialmente de Francia y Alemania, los “enfermos de Europa”. El lenitivo del gasto en obras públicas sólo surtirá efecto en la medida en que esas reformas vayan tomando cuerpo y en caso de que ese gasto sustituya a otras partidas del presupuesto europeo como las destinadas a las subvenciones agrícolas.
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