Aunque series como Starsky y Hutch y las novelas Sherlock Holmes nos enseñaron que la Policía no era tonta, en la carrera de la delincuencia los malhechores siempre van por delante. Los últimos suelen ser los legisladores. Éstos se mueven cuando los gritos entran en sus despachos. Sin embargo, hay ocasiones en que se anticipan a todos, pero no es para prever problemas, sino para crear otros nuevos, como hicieron al aprobar la Ley de la Responsabilidad Penal de los Menores.
Dentro de unos días, se celebrará el juicio contra los asesinos (presuntos, perdón) de Sandra Palo, una muchacha de Getafe de 22 años que en mayo fue atrozmente raptada, violada y asesinada. Junto con el dolor de la muerte violenta de un hijo, los padres deberán soportar los ultrajes a que les condena esta ley, votada en 2000 por todos los partidos políticos. En estos casos, sólo Dios puede llevar paz a la familia y sentido a la desgracia; el poder de los hombres se limita a dar ese consuelo que se suele llamar justicia. Sin embargo, en atención al criterio absoluto del “interés superior del menor”, el Estado troca su justicia en burla y vuelca su poder en favor de los malvados.
La Ley del Menor es la última etapa del camino empezado por el uso alternativo del derecho y las teorías penales que yo llamo bondadistas y resumo en despojar al delincuente de su responsabilidad personal y cargarla en los demás. Un ejemplo de las afrentas que causa esta ideología es la concesión de una pensión y de vacaciones en el Caribe por la Generalidad catalana al violador del Ensanche para facilitar su reinserción, mientras que las mujeres a las que vejó se tenían que pagar ellas los psiquiatras y el cambio de piso (eso sí, si querían, el aborto era gratis).
Una diferencia tradicional entre la derecha y la izquierda consiste en que para la primera el delito debe ser castigado, mientras que para la segunda debe ser “comprendido”; pero en España ambos sectores comparten idéntica concepción: la pena se orienta exclusivamente a la reinserción. Aunque no dice eso la Constitución, hasta los jueces miembros de institutos religiosos católicos parecen haber olvidado los fines del castigo, el ejemplo y la reparación, destacados por teólogos y papas.
La derecha no se ha atrevido a refutar las tesis de la izquierda ni a derogar sus normas, como el Código Belloch. Cuando el desastre es inocultable, se limita a colocar remiendos, como la reciente reforma para perseguir a los reincidentes y expulsar a los delincuentes inmigrantes. El PP, que ha gobernado con políticas internacional y económica opuestas a las del PSOE, no ha quebrado en este asunto el consenso dictado en la transición.
No se quiere reconocer que hay quienes son honrados por convicción y otros sólo por miedo. Cuando ante el canalla se levantan las barreras, éste se envalentona. Por eso, sólo en 2002, unos 98.000 menores cometieron 21.216 delitos violentos. Si la ley te cubre con una armadura mientras tengas menos de 18 años de edad, ¿para qué portarse bien? Es la misma moral invertida que en las escuelas creadas por los pedagogos de la LOGSE: el tonto es el que estudia. Para desmentir semejantes dogmas, basta citar que la denostada “mano dura” ha expulsado de las calles vascas a las bandas de cachorros de terroristas.
Pero no olvidemos a otros beneficiados por esta ley. Se trata de psicólogos, juristas, “oenegeros” y demás profesionales que disponen gracias a ella de poder y un extenso campo de trabajo. Erigido en portavoz de esta casta, el Defensor del Menor de Madrid, Pedro Núñez Morgades, considera positiva la ley y pide más fondos para aplicarla. Que se los vaya a pedir a la familia Palo.
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