Tras una primera lectura poco atenta de la “Declaración de Gredos”, que volvió a reunir tras veinticinco años a los ponentes de la Constitución, queda la sensación de encontrarse ante el típico estilo aséptico y reiterativo en lo obvio propio de las declaraciones institucionales. Se alaba el papel de la Corona, la madurez política de los españoles y su deseo de convivir en paz y en libertad, la alternancia política, el consenso, la modernización de España y las virtudes del modelo autonómico. Sin embargo, después de una lectura más atenta, queda la molesta y difusa sensación de que los propios ponentes consideran que aquello de 1978 no fue más que un “apaño” provisional hecho a toda prisa –el famoso “consenso”– para que cupiera todo el mundo. Especialmente y, sobre todo, para que encajaran aquellos cuya intención era no parar de hincharse hasta amenazar con romper el molde, como el tiempo y los hechos han demostrado.
Esa desagradable sensación de desazón y de permanente provisionalidad transmitida por los ponentes veinticinco años después tiene su causa principalmente en dos “obviedades” fuera de lugar y en algunas flagrantes omisiones. Las inoportunas obviedades son la alusión a la “reconciliación nacional” –los eternos fantasmas de la guerra civil y de la dictadura que los nacionalistas y los demagogos socialistas agitan sin cesar en sus soflamas–, a las “libres opiniones sobre la perfectibilidad del texto” y, sobre todo, a la posibilidad de reforma. Y las flagrantes omisiones son el fracaso del modelo autonómico y del invento de las “nacionalidades históricas” –denunciado valientemente por Jiménez de Parga– en lo que se refiere a lograr que los nacionalistas “se sientan cómodos” en España.
En lugar de reconocer expresamente que, tras 25 años, la Constitución acumula una larga lista de mártires asesinados por el terrorismo nacionalista y de verdaderos héroes que arriesgan su vida todos los días precisamente para que las libertades y la democracia consagradas en nuestra ley fundamental no sucumban ante la marea nacionalista totalitaria, la “Declaración de Gredos” subraya precisamente la única facultad de la Constitución que les interesa a los nacionalistas: la posibilidad de reformarla, eso sí, siguiendo los cauces marcados en la propia Constitución. Y es triste que sean precisamente los representantes de la derecha de entonces quienes se encarguen de señalarlo. Miguel Herrero de Miñón, convertido fulminantemente a la fe nacionalista con Premio Sabino Arana incluido, sostiene que las pretensiones de Ibarretxe tienen perfecto encaje en la Constitución, y que su plan totalitario es la mejor solución para un pueblo que ha tomado “conciencia de su identidad nacional”. Manuel Fraga, por su parte, admite que experimenta una “necesidad intelectual” de reformar la Constitución, “cuando el juego político lo permita”, especialmente en lo que toca a convertir el Senado en una especie de cámara de veto autonómico; algo que, según parece, se encuentra en el primer lugar de las prioridades de los españoles. Y en cuanto a los dos representantes de UCD –Cisneros y Pérez Llorca–, poco más que convidados de piedra.
Habría que señalar que las democracias más antiguas y mejor asentadas del mundo tienen también, curiosamente, las constituciones más antiguas y menos retocadas. Véase si no el ejemplo de EEUU o de Suiza, modelos de estados federales y descentralizados. Ciertamente, allí no se plantean reformar la constitución cada 25 años en función de cómo hayan evolucionado las apetencias y las megalomanías de los políticos regionales. Quizá sea, precisamente, porque, en el caso de EEUU, para los redactores de la Constitución americana la prioridad no era destacar “hechos diferenciales” entre los distintos territorios de la Unión, sino limitar el poder del Estado y garantizar la intangibilidad de los derechos individuales. Y fue precisamente en el momento en que los estados del Sur se obstinaron en poner el acento sobre el “hecho diferencial” del racismo y la esclavitud cuando estalló la Guerra de Secesión. Convendría no olvidarlo.
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