Este artículo cierra la serie de tres que forman el ensayo titulado "Ladrillos y productividad: El socialismo es una aberración".
El gasto en protección social
Los economistas socialistas, mientras predican la necesidad de abandonar el ladrillo y centrarse en el aumento de la productividad, hacen, simultáneamente, otra crítica al gobierno del PP, “el gasto en protección social en términos de PIB es insuficiente”. La conclusión del que oiga tal aserto, sin matizaciones, será, lógicamente, que los gobiernos del PP practican el sadismo con la población, en particular con los más desprotegidos.
Sin embargo, si se desentrañan algo las cifras de lo que se denomina “protección social”, nos encontramos con que una de las razones de esa aparente desprotección es el descenso del desempleo, y de los pagos, en consecuencia, a los parados, que han pasado de algo más del 24% de la población activa en 1994 al actual 11,6%. Si, además, ocurre que nuestro PIB avanza, en términos nominales entre el 5 y el 8% anual, (entre un 3% y un 4% de inflación y un crecimiento real de entre el 2% y el 4%), mientras en Alemania y Francia –los modelos de los economistas socialistas– lo hacen en torno al 2% (todo inflación y ningún crecimiento), y allí no disminuye el desempleo, el resultado tiene que ser “desprotección social” en términos de PIB en España, aunque haya mejorado el nivel de todo tipo de prestaciones sociales.
Dentro de éstas se encuentran también las pensiones. Suponen el 9,3% del PIB, pero a los socialistas les parece poco y les gustaría que aumentaran, aunque ese deseo sea exactamente lo contrario de lo que defienden los Pactos de Toledo, que se preocupan por la sostenibilidad del sistema. No obstante, en Alemania y Francia –con un gobierno socialista la primera y la segunda con otro que sería exagerado llamar conservador– se están tomando medidas para reducir no sólo las pensiones sino el conjunto de prestaciones sociales porque, dicen esos gobiernos, son un obstáculo insuperable para crecer y crear empleo.
Nada dicen nuestros amigos socialistas sobre este extremo. ¿Hay acaso mayor protección social que haber logrado que cinco millones de personas tengan empleo? No hay duda de que los más pobres de nuestra sociedad estarán tanto mejor, y más protegidos, cuanto más empleos haya, porque la auténtica protección es la que dispensa la familia y para que la familia pueda funcionar es imperativo que haya empleo.
Una nueva vuelta a la “productividad”
Hay otros factores institucionales que permiten y favorecen el aumento de la productividad. En primer lugar, la baja imposición (al menos, ahora, dicen que no quieren aumentar la presión fiscal, aunque hacen ruidos en el sentido de que se preparen los que más ganan, sin analizar si la productividad aumenta o disminuye con la progresividad fiscal; que, por supuesto, disminuye). En segundo lugar, y más importante aún, es determinante que funcione el Estado de derecho (la separación de poderes y la supervivencia de Montesquieu) y que haya la menor corrupción posible, lo que exige una disminución del intervencionismo público. Cuando los economistas socialistas hablan de la necesidad de aumentar la productividad, lo primero que se me viene a la cabeza es que quieren tomar medidas arbitrarias a favor de determinadas empresas y grupos sociales; y esa práctica discriminatoria se traduciría, sin duda, en corrupción. Si se quiere aumentar la productividad desde el Estado, el camino es la reducción general de los impuestos y una mayor libertad para todos, no impulsos fiscales arbitrarios y sectoriales.
El ejemplo del ladrillo en la Comunidad de Madrid
Volviendo al ladrillo, la propuesta del “non nato” gobierno de Simancas no era aumentar la productividad de la economía de la región más dinámica y moderna de España, sino centrarse en el “ladrillo social”; atendiendo, eso sí, con más realismo que los economistas oficiales de su partido, a la demanda de la población. El objetivo de su gobierno era hacer muchas viviendas sociales –que encargarían a una central de cooperativas amiga, para que ganara una inmensa cantidad de dinero (100.000 millones de las antiguas pesetas)– y que dejaran de hacerse viviendas libres; un planteamiento posible, porque la legislación de la comunidad de Madrid, bajo el anterior gobierno del PP, limitó extraordinariamente el suelo para viviendas libres, con lo que aseguró un aumento adicional de su precio. ¿Funcionaría el plan? Parcial y negativamente.
Habría más viviendas sociales, a las que tendrían más derecho los más pobres, no los más diligentes. Si un trabajador se hubiera pasado en el crecimiento de su productividad, tendría, posiblemente, ingresos demasiados altos para poder optar a este tipo de vivienda y tendría que ir al mercado de libres, que serían más caras, porque habría menos. En definitiva, posible corrupción a la hora de elegir entre los menos favorecidos, discriminación contra los que más se hayan esforzado en aumentar su productividad y disminución de la oferta de ladrillos. Al final, resulta que los economistas oficiales del PSOE se llevarían el gato al agua en una de sus propuestas: menos ladrillos, pero precios más altos. Y Simancas, ni una palabra sobre el aumento de la productividad. Donde sí tendrían éxito todos, Simancas y los economistas oficiales del PSOE, sería en el incremento de la cifra de gasto en protección social, porque se dispararía el desempleo y los pagos a los parados.
La revisión de la contabilidad nacional
Hay otro factor, en relación también con la productividad, que merece la pena ser destacado. En 2005 se van a revisar las cifras de la contabilidad nacional. De un modo semejante a como ocurrió recientemente, al constatarse que se había minusvalorado en los últimos cinco años el número de los que trabajaban (en 700.000 personas) y la cifra total de la población activa, (que era también más elevada), lo que obligó a revisar la EPA (encuesta de población activa) en un proceso que terminó en 2002, los datos de los que ya disponemos indican que la revisión de la contabilidad nacional determinará un aumento de nuestro PIB. Es probable que, para los últimos cinco años, ese incremento se sitúe entre el 3% y el 5%. Eso significaría que el PIB ha estado creciendo a ritmos superiores al 5% durante unos años y que, ahora, el ritmo podría ser superior al 3%. Lo que significaría asimismo que la productividad ha crecido en torno al 1,5% anual, un porcentaje parecido al histórico y al de los países de nuestro entorno. Habrá que esperar a 2005, pero, si la revisión se completa en estos términos, resultará que no sólo hemos tenido un crecimiento apoyado, para satisfacción de los consumidores, en el ladrillo, sino que hemos sido capaces de mantener el aumento de la productividad en las tasas históricas medias y similares a las de los países de nuestro entorno.
Conclusión
Tras unos años de extraordinario esfuerzo constructor de viviendas, (por supuesto, además de otras instalaciones e infraestructuras), hay que enfrentarse a la realidad de que los consumidores, probablemente, no tienen los mismos incentivos para ahorrar e invertir en otros activos. La capacidad de ahorro y de endeudamiento de nuestra población se está empleando en lo que se ha considerado prioritario por los españoles, la adquisición de viviendas. Pero, a partir de ahora, aunque ese esfuerzo y ese destino para los ahorros no desaparezcan repentinamente, hay que invertir –como corresponde a una sociedad más rica y más madura–, en otro tipo de activos. Aunque nadie puede asegurar que la demanda de viviendas por extranjeros procedentes de la Unión Europea no crezca todavía más si, finalmente, se reactiva la economía continental y si siguen llegando inmigrantes dispuestos a trabajar y seguimos teniendo, a nivel nacional, capacidad de ahorro para afrontar este crecimiento.
El crecimiento de la productividad en España hemos visto que depende de muchas cosas, pero, en primer lugar, de que la población continúe ahorrando e invirtiendo. Cuanto menores sean los impuestos, mayor será el ahorro. La inversión más productiva es, sin duda, la educación, pero aquí la nefasta influencia socialista reduce las perspectivas de mejora. La mayor productividad de todo nuestro sistema económico depende, también, de un menor intervencionismo, del estado de la corrupción, de la defensa de los derechos de propiedad, de la capacidad de tomar decisiones libremente por parte de los empresarios. Si, efectivamente, de la evolución de esos temas depende el crecimiento de la productividad, la ideología socialista no tiene nada que ofrecer, porque socialismo es intervencionismo, planificación, despotismo y desprecio a los deseos de los ciudadanos.
El gasto en protección social
Los economistas socialistas, mientras predican la necesidad de abandonar el ladrillo y centrarse en el aumento de la productividad, hacen, simultáneamente, otra crítica al gobierno del PP, “el gasto en protección social en términos de PIB es insuficiente”. La conclusión del que oiga tal aserto, sin matizaciones, será, lógicamente, que los gobiernos del PP practican el sadismo con la población, en particular con los más desprotegidos.
Sin embargo, si se desentrañan algo las cifras de lo que se denomina “protección social”, nos encontramos con que una de las razones de esa aparente desprotección es el descenso del desempleo, y de los pagos, en consecuencia, a los parados, que han pasado de algo más del 24% de la población activa en 1994 al actual 11,6%. Si, además, ocurre que nuestro PIB avanza, en términos nominales entre el 5 y el 8% anual, (entre un 3% y un 4% de inflación y un crecimiento real de entre el 2% y el 4%), mientras en Alemania y Francia –los modelos de los economistas socialistas– lo hacen en torno al 2% (todo inflación y ningún crecimiento), y allí no disminuye el desempleo, el resultado tiene que ser “desprotección social” en términos de PIB en España, aunque haya mejorado el nivel de todo tipo de prestaciones sociales.
Dentro de éstas se encuentran también las pensiones. Suponen el 9,3% del PIB, pero a los socialistas les parece poco y les gustaría que aumentaran, aunque ese deseo sea exactamente lo contrario de lo que defienden los Pactos de Toledo, que se preocupan por la sostenibilidad del sistema. No obstante, en Alemania y Francia –con un gobierno socialista la primera y la segunda con otro que sería exagerado llamar conservador– se están tomando medidas para reducir no sólo las pensiones sino el conjunto de prestaciones sociales porque, dicen esos gobiernos, son un obstáculo insuperable para crecer y crear empleo.
Nada dicen nuestros amigos socialistas sobre este extremo. ¿Hay acaso mayor protección social que haber logrado que cinco millones de personas tengan empleo? No hay duda de que los más pobres de nuestra sociedad estarán tanto mejor, y más protegidos, cuanto más empleos haya, porque la auténtica protección es la que dispensa la familia y para que la familia pueda funcionar es imperativo que haya empleo.
Una nueva vuelta a la “productividad”
Hay otros factores institucionales que permiten y favorecen el aumento de la productividad. En primer lugar, la baja imposición (al menos, ahora, dicen que no quieren aumentar la presión fiscal, aunque hacen ruidos en el sentido de que se preparen los que más ganan, sin analizar si la productividad aumenta o disminuye con la progresividad fiscal; que, por supuesto, disminuye). En segundo lugar, y más importante aún, es determinante que funcione el Estado de derecho (la separación de poderes y la supervivencia de Montesquieu) y que haya la menor corrupción posible, lo que exige una disminución del intervencionismo público. Cuando los economistas socialistas hablan de la necesidad de aumentar la productividad, lo primero que se me viene a la cabeza es que quieren tomar medidas arbitrarias a favor de determinadas empresas y grupos sociales; y esa práctica discriminatoria se traduciría, sin duda, en corrupción. Si se quiere aumentar la productividad desde el Estado, el camino es la reducción general de los impuestos y una mayor libertad para todos, no impulsos fiscales arbitrarios y sectoriales.
El ejemplo del ladrillo en la Comunidad de Madrid
Volviendo al ladrillo, la propuesta del “non nato” gobierno de Simancas no era aumentar la productividad de la economía de la región más dinámica y moderna de España, sino centrarse en el “ladrillo social”; atendiendo, eso sí, con más realismo que los economistas oficiales de su partido, a la demanda de la población. El objetivo de su gobierno era hacer muchas viviendas sociales –que encargarían a una central de cooperativas amiga, para que ganara una inmensa cantidad de dinero (100.000 millones de las antiguas pesetas)– y que dejaran de hacerse viviendas libres; un planteamiento posible, porque la legislación de la comunidad de Madrid, bajo el anterior gobierno del PP, limitó extraordinariamente el suelo para viviendas libres, con lo que aseguró un aumento adicional de su precio. ¿Funcionaría el plan? Parcial y negativamente.
Habría más viviendas sociales, a las que tendrían más derecho los más pobres, no los más diligentes. Si un trabajador se hubiera pasado en el crecimiento de su productividad, tendría, posiblemente, ingresos demasiados altos para poder optar a este tipo de vivienda y tendría que ir al mercado de libres, que serían más caras, porque habría menos. En definitiva, posible corrupción a la hora de elegir entre los menos favorecidos, discriminación contra los que más se hayan esforzado en aumentar su productividad y disminución de la oferta de ladrillos. Al final, resulta que los economistas oficiales del PSOE se llevarían el gato al agua en una de sus propuestas: menos ladrillos, pero precios más altos. Y Simancas, ni una palabra sobre el aumento de la productividad. Donde sí tendrían éxito todos, Simancas y los economistas oficiales del PSOE, sería en el incremento de la cifra de gasto en protección social, porque se dispararía el desempleo y los pagos a los parados.
La revisión de la contabilidad nacional
Hay otro factor, en relación también con la productividad, que merece la pena ser destacado. En 2005 se van a revisar las cifras de la contabilidad nacional. De un modo semejante a como ocurrió recientemente, al constatarse que se había minusvalorado en los últimos cinco años el número de los que trabajaban (en 700.000 personas) y la cifra total de la población activa, (que era también más elevada), lo que obligó a revisar la EPA (encuesta de población activa) en un proceso que terminó en 2002, los datos de los que ya disponemos indican que la revisión de la contabilidad nacional determinará un aumento de nuestro PIB. Es probable que, para los últimos cinco años, ese incremento se sitúe entre el 3% y el 5%. Eso significaría que el PIB ha estado creciendo a ritmos superiores al 5% durante unos años y que, ahora, el ritmo podría ser superior al 3%. Lo que significaría asimismo que la productividad ha crecido en torno al 1,5% anual, un porcentaje parecido al histórico y al de los países de nuestro entorno. Habrá que esperar a 2005, pero, si la revisión se completa en estos términos, resultará que no sólo hemos tenido un crecimiento apoyado, para satisfacción de los consumidores, en el ladrillo, sino que hemos sido capaces de mantener el aumento de la productividad en las tasas históricas medias y similares a las de los países de nuestro entorno.
Conclusión
Tras unos años de extraordinario esfuerzo constructor de viviendas, (por supuesto, además de otras instalaciones e infraestructuras), hay que enfrentarse a la realidad de que los consumidores, probablemente, no tienen los mismos incentivos para ahorrar e invertir en otros activos. La capacidad de ahorro y de endeudamiento de nuestra población se está empleando en lo que se ha considerado prioritario por los españoles, la adquisición de viviendas. Pero, a partir de ahora, aunque ese esfuerzo y ese destino para los ahorros no desaparezcan repentinamente, hay que invertir –como corresponde a una sociedad más rica y más madura–, en otro tipo de activos. Aunque nadie puede asegurar que la demanda de viviendas por extranjeros procedentes de la Unión Europea no crezca todavía más si, finalmente, se reactiva la economía continental y si siguen llegando inmigrantes dispuestos a trabajar y seguimos teniendo, a nivel nacional, capacidad de ahorro para afrontar este crecimiento.
El crecimiento de la productividad en España hemos visto que depende de muchas cosas, pero, en primer lugar, de que la población continúe ahorrando e invirtiendo. Cuanto menores sean los impuestos, mayor será el ahorro. La inversión más productiva es, sin duda, la educación, pero aquí la nefasta influencia socialista reduce las perspectivas de mejora. La mayor productividad de todo nuestro sistema económico depende, también, de un menor intervencionismo, del estado de la corrupción, de la defensa de los derechos de propiedad, de la capacidad de tomar decisiones libremente por parte de los empresarios. Si, efectivamente, de la evolución de esos temas depende el crecimiento de la productividad, la ideología socialista no tiene nada que ofrecer, porque socialismo es intervencionismo, planificación, despotismo y desprecio a los deseos de los ciudadanos.