Es sencillamente intolerable que un sujeto como el detenido por la Policía española por abusos sexuales contra una menor, y que muy probablemente forma parte de una red de pederastia mucho más amplia, pudiera vivir tranquilamente en España sin que la policía británica hubiera informado de sus antecedentes. Esta vez ya no hay argumentación, nota o excusa de dos líneas que salve a Scotland Yard, como en el caso de Tony King.
El siniestro delincuente, cuya identidad oculta la nota de la Policía española, no sabemos por qué extravagantes razones, había sido detenido en Gran Bretaña ocho veces por ataques a personas; trece por estafa, timo o fraude; diecinueve por robo; tres por agresión con arma blanca; otra por delito contra el Orden Público; y cinco por agresiones sexuales a menores, que desembocaron en una orden de busca y captura. Que semejante bicho anduviera libre en Gran Bretaña arroja vehementes dudas sobre el sistema judicial de las islas. Que pudiera trasladarse tranquilamente a España para montar su red delictiva contra menores muestra un pavoroso agujero legal en la naciente Unión Europea.
La libertad de movimiento de las personas en la UE no es un principio abstracto, sino un bien de orden general que debe tener la caución legal correspondiente para que no se convierta en la libre circulación de los malvados. Un principio de prudencia y de solidaridad elemental entre europeos debería ser el de impedir a sujetos con claros antecedentes y continuas reincidencias en cierto tipo de delitos que pudieran pasar las fronteras de los veinticinco países de la Unión como si fueran unos ciudadanos más, dignos de toda la protección que las leyes dispensan a quienes las observan. Pero no a quienes las vulneran. No a quienes utilizan esta situación fluida, imprecisa y confusa para eludir las cuentas con la Justicia en el suyo mientras trasladan a otro su tinglado criminal. Hay que conservar –o levantar– viejas y nuevas fronteras contra el delito.
El Ministro del Interior español, Ángel Acebes, lleva ya tiempo pidiendo una acción política y legal en este sentido. Antes de que en la Costa del Sol cualquier británico se convierta en digno de toda sospecha (lo que sería profundamente injusto, pero no sorprendente) convendría que las autoridades de Londres y el comisario correspondiente de la UE acelerasen una normativa al respecto. Lo merece la sociedad española, estremecida aún por el caso King. Y lo merece la abundantísima colonia británica en España, que no debe pagar en bloque las culpas de unos cuantos indeseables y de un sistema ineficaz hasta la estupidez. Porque hay que cambiar el orden de prioridades del sistema judicial europeo. Hay que limitar drásticamente el "garantismo" para los criminales y preocuparnos en serio de las víctimas, que no tienen "garantías" de nada: ni legales, ni policiales, ni políticas. Esto no puede seguir así.
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