Las fugas de narcotraficantes con causas pendientes en la Audiencia Nacional se han convertido, por desgracia, casi en algo habitual. Unas veces por negligencia –o algo peor– de los jueces instructores a la hora de fijar las fianzas o de evaluar los informes médicos –como en el caso de el Negro– u otras por agotamiento del plazo de prisión preventiva –como los siete traficantes de heroína prófugos desde el pasado lunes, cuando debían comparecer al juicio oral presidido por Siro García–, lo cierto es que la Audiencia Nacional está demostrando una alarmante ineficacia precisamente en una de las áreas delictivas que más preocupación y alarma social crea entre los ciudadanos, como es el narcotráfico.
Ante las lógicas quejas de los medios de comunicación –pues ya llueve sobre mojado–, Siro García ha salido al paso una vez más –lo hizo con Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega, organizándoles una manifestación de apoyo a las puertas de la Audiencia Nacional cuando dejaron escapar a el Negro–, haciendo gala de un extemporáneo e injustificado corporativismo, para intentar explicar las causas de este nuevo desaguisado. Al decir del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa de lo sucedido es la “avalancha de recursos, incidentes de nulidad y peticiones de aclaración” que recayeron sobre el juez instructor, Juan del Olmo, y que los abogados defensores emplearon como táctica dilatoria para agotar el plazo de prisión preventiva de sus defendidos.
Según Siro García, “no ha habido el más mínimo tiempo muerto en las actuaciones de este tribunal”, pero sí existe “un alto grado de ignorancia y de envidia” hacia la Audiencia Nacional, un tribunal que “debe calificarse de ejemplar”. Y propone como solución en el futuro –que ya se viene aplicando– la no acumulación de las causas en el mismo sumario. Es frecuente que al delito de narcotráfico se unan los de blanqueo de dinero y fraude fiscal, los cuales, incluidos en el mismo sumario, pueden alargar considerablemente la instrucción, multiplicándose las posibilidades de formular recursos dilatorios.
Dejando aparte el hecho de que no le correspondía a Siro García hablar en nombre de la Audiencia Nacional –en primer lugar, porque esa es función de su presidente, Carlos Dívar; en segundo lugar, porque no fue él quien instruyó el caso; y en tercer lugar, porque es él precisamente quien tiene que enjuiciarlo–, las explicaciones de Siro García parecen razonables hasta cierto punto. Sin embargo, es difícil de comprender cómo la instrucción de un sumario puede alargarse más de cuatro años a base de recursos de reposición, de reforma o de aclaración. Las leyes procesales obligan a resolverlos en cuestión de unos pocos días... pero en la práctica –y esto no lo cuenta Siro García–, transcurren varios meses hasta que el juez instructor los resuelve. Puede que estos, con la ley en la mano, injustificables retrasos se deban a falta de medios –la letanía habitual en la administración de Justicia–, a falta de personal, a falta de experiencia de los jueces –se trata de asuntos extremadamente complejos– o a una mezcla de todas ellas. Sin embargo, estas son excusas de las que los abogados no se pueden valer: por muchos asuntos y pocos medios que tenga un despacho, los recursos presentados fuera de plazo son sistemáticamente rechazados por los jueces, en cumplimiento de la ley.
Por tanto, no puede decirse, como afirma Siro García, que la Audiencia Nacional sea un tribunal ejemplar. Creado en 1977 con el objetivo de enjuiciar los delitos de terrorismo, por razones obvias, lejos de las audiencias provinciales del País Vasco, hubo que encargar también a este tribunal especial otras funciones como el enjuiciamiento de los delitos monetarios o los casos de narcotráfico para que no se le asociase con el tristemente famoso Tribunal de Orden Público: no hay que olvidar que los tribunales especiales son, en principio, una anomalía en un Estado de derecho. Pero después de veinticinco años de democracia, y una vez ilegalizado el brazo político de ETA, es hora de plantearse sin complejos que la Audiencia Nacional, si es que debe seguir existiendo, se limite exclusivamente a aquello para lo que fue concebida: la lucha contra el terrorismo, en donde está produciendo sus mejores resultados. Las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia podrían perfectamente encargarse con ventaja de los casos de narcotráfico, corrupción y delitos monetarios, aunque sus ramificaciones superen el ámbito de la provincia o de la comunidad autónoma. De hecho, en estos tribunales rara vez se han fugado narcotraficantes en espera de juicio. Y si la Audiencia Nacional no da abasto, lo lógico es sea sometida a una “cura de adelgazamiento” en lo que respecta a sus competencias.