Primero fue Esperanza Aguirre, la presidenta electa de la Comunidad de Madrid. Después Josep Piqué, candidato del PP a la Generalitat de Cataluña. Y en la Convención de presidentes y secretarios regionales del PP, reunida para preparar la campaña de las próximas Generales, también los dos vicepresidentes del Gobierno, Rodrigo Rato y Javier Arenas. Todos coincidieron en recriminar –de forma más o menos abierta– al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el agudo contraste entre la austeridad y las rebajas de impuestos predicadas por el Gobierno y por el PP con el espectacular incremento del gasto –más de un 26 por ciento sobre las últimas cuentas presentadas por José María Álvarez del Manzano, su predecesor– previsto en los presupuestos para 2004 que hoy se debaten en el consistorio madrileño. Incremento que Gallardón pretende financiar en su proyecto de presupuestos municipales con un abultado endeudamiento –que puede sobrepasar el máximo legal, previsto en el Art. 54.2 de la Ley de Haciendas Locales, del 110 por ciento del presupuesto anterior– y con una vertiginosa subida de impuestos. Especialmente, del Impuesto de Circulación, de las licencias de obras o de los precios y tasas de servicios municipales como los tiques de aparcamiento, los polideportivos, las piscinas, el alcantarillado, etc.; incluidas las multas. Y particularmente en lo que concierne al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Esa cortina de humo "social" de la subida del IBI en un 50 por ciento –"sólo" a las viviendas "vacías" y con el "objetivo principal" de "fomentar el alquiler"–, que ya comentamos en su momento, realmente ocultaba, tanto a los ciudadanos como a la plana mayor del PP, una subida generalizada de este impuesto para todo tipo de viviendas, que en algunos casos puede suponer hasta un incremento del 100 por cien. Según Juan Bravo, concejal de Hacienda del equipo de Gallardón, en declaraciones al diario "El Mundo", "técnicamente no se produce una subida. Lo que hemos hecho ha sido suprimir una bonificación que tiene carácter transitorio, consecuencia de la ponencia de valores que se produce en 2001". La bonificación a la que se refiere Bravo es la del Art. 68 de la Ley de Haciendas Locales, pensada para amortiguar gradualmente, en un periodo de diez años, el impacto fiscal –catastrazo– de las revisiones de los valores catastrales que en Madrid, efectivamente, tuvieron lugar en 2001.
Sin embargo, esa bonificación no es potestativa, sino obligatoria, por lo que Gallardón, en el capítulo "estrella" de su reforma fiscal "al revés", podría incluso estar incumpliendo la ley. Todo para acometer grandiosas obras en infraestructuras –y también para financiar a su "corte" de más de cien asesores "independientes", trasplantados del gobierno autonómico para "aligerar" de tareas a los concejales de la lista popular y de casi 10 millones de euros al contribuyente madrileño– que, si bien pueden ser muy deseables, no son precisamente prioritarias, como el enterramiento de la M-30 o la supresión del scalextric de la Glorieta de Cuatro Caminos. Mucho menos cuando su ejecución agotará por largos años la capacidad financiera del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, el margen económico de maniobra de los sucesores de Gallardón. Precisamente lo contrario de lo que han predicado y puesto en práctica –con los excelentes resultados de todos conocidos– Aznar, Rato –quien, por cierto, citó a Álvarez del Manzano como modelo de austeridad y buena administración– y Montoro durante los cerca de ocho años de gobiernos populares.
Con la excusa de "alcanzar una ciudad más emprendedora, dinámica y solidaria", en el marco de un "desarrollo sostenible de Madrid" para el horizonte olímpico de 2012 –según expresa la nota de prensa del Ayuntamiento–, Gallardón, una vez más, vuelve a ser "un verso suelto" que se sirve de su partido –y de los ciudadanos de Madrid– como franquicia y trampolín para una ambición política que va mucho más allá de la alcaldía de la capital de España, imitando la trayectoria de Chirac. Sin embargo, no hay que olvidar que Gallardón sólo ha engañado a quien ha querido dejarse engañar. Especialmente a José María Aznar, quien quizá creyó que podría moderar los ímpetus "progresistas" de la oveja negra del PP –aquejada de súbito arrepentimiento preelectoral– confinándola en el Ayuntamiento de Madrid bajo la atenta mirada de su esposa y, de paso, aprovechar su siempre presunto tirón popular para amortiguar las consecuencias electorales del "no a la guerra".
Pero, en realidad, el PP no ha hecho sino incubar y después alimentar durante largo tiempo un pollo cuyo cascarón, primero, y cuyas inclinaciones, después, han sido siempre y son muy distintas de las de la mayoría de las aves que sobrevuelan sus siglas. El "cuco" socialdemócrata puso un huevo en el nido de la gaviota popular, que ésta reconoció por suyo aun a pesar de que su porte y su plumaje delataban su origen. Y no parece que, una vez asentado firmemente en la poltrona municipal y hecho dueño de uno de los nichos políticos más codiciados gracias a las siglas que coronaban la lista electoral de su candidatura, el émulo hispano de Chirac esté dispuesto a renunciar a las posibilidades de autopromoción que le brinda el Ayuntamiento más importante de España... a no ser que la cúpula del PP pase de las palabras y las veladas advertencias, a los hechos.