Los incentivos importan. Ese es el lema más relevante y más importante de la Economía Política. Pero es triste observar el quehacer de quienes toman las decisiones, sean estos empresarios políticos o políticos empresarios. El hecho es que existe una empresa, una grandísima empresa, que vive no de sus propios ingresos, sino de las obligaciones de un universo cautivo de clientes; que no tiene que rendir cuentas a nadie; que ofrece paquetes de beneficios sin precedentes a sus directivos, tanto en ingresos ordinarios como en rentas extraordinarias y, además, mantiene márgenes de intermediación de hasta 80% de los recursos invertidos.
Esa imponente entidad, donde la eficiencia es bajísima, pero la rentabilidad altísima, se llama "gobierno". Y, si los incentivos importan, no debe sorprender la enorme cantidad de actos, de pactos, de "costos de entendimiento", que se cabildean en el proceso político mexicano. Un día es un flamante diputado pidiendo más dinero para "fortalecer" los programas de gasto del gobierno, programas de los que hay más de 10 mil. Otro día es un célebre senador defendiendo la soberanía nacional con el estatismo eléctrico.
Otro día puede ser un miembro del gremio de transportistas pidiendo su renta al estilo mafioso de Tony Soprano, a la vez que aboga por un sistema ultra-restrictivo en el sector de mensajería y transporte, con la bendición de las mismas autoridades que con suprema indiferencia hacia el consumidor se amparan tras su típica semántica burocrática: "estamos estudiando el sistema idóneo para formalizar la normatividad correspondiente, en beneficio de la soberanía, de la nación, del empleo digno, de la integridad cultural, de la belleza, del cielo azul, del pasto verde, de las almas puras, de la virginidad y de la inocencia".
O puede ser también un "perfecto idiota", en aquella célebre caracterización de los políticos latinoamericanos, cabildeando para no permitir la reconfirmación de Guillermo Ortiz al frente del banco central, luchando por causas que lo benefician, a costa de la estabilidad de todo el cuadro macroeconómico y del poder adquisitivo de la sociedad mexicana. Estas son las mafias y los mercados de rentas que definen el sistema mercantilista, de arriba hacia abajo, del entorno económico mexicano. Más dinero, sea por la vía pública (las misceláneas fiscales, las concesiones, los monopolios) o por la vía privada (los monopolios, el “cuatismo”, las protecciones, los mercados cautivos). Sin duda es necesario formular la articulación correcta, por ejemplo, la noble propuesta de Francisco Suárez Dávila sobre reforma fiscal para aumentar los ingresos públicos, con el fin de "reactivar la economía". Ni Keynes fue tan primitivo o tan "pedinche". El ogro filantrópico en toda su esencia y consecuencia.
¿Y los recursos? Importan poco, en la medida que aumenten los ingresos federales. Si el costo de intermediación burocrática asciende a 80 centavos de cada peso gastado, no importa tampoco; hay erarios hoy y los habrá mañana también. La reforma fiscal, hemos insistido, debe basarse en una redefinición radical de la relación gobierno-sociedad y, por consiguiente, iniciar con los egresos para mejorar la eficiencia del gasto público. Los ogros filantrópicos condenan tal propuesta como un ejemplo de "extrema derecha", neoliberalismo rampante y por ser un atentado contra la “soberanía” del pueblo mexicano.
Palabras más, palabras menos, pero son posiciones (o sea incentivos) con bastante consecuencia. Hoy, prosperar tiene un alto costo de oportunidad. El ciudadano mexicano, cliente obligado y de por vida de la mafia mercantilista, dedica una cantidad brutal de su tiempo y de sus ingresos potenciales a sólo cumplir con multitud de leyes, regulaciones, con los impuestos y con la tramitología vigente. Por eso, muchos recurren al impuesto disfrazado llamado corrupción. Los incentivos, recordemos, sí importan.
Si queremos vivir mejor tenemos que estar atentos a las buenas y malas noticias. La mala es que para vivir mejor uno primero tiene que cumplir con todas las obligaciones (las rentas feudales, aunque muy soberanas) ante senadores, líderes sindicales, diputados, burócratas, presidentes municipales, gobernadores, gremios y funcionarios del gobierno de turno, sin olvidar a otros vividores y rentistas del gigantismo estatal. La buena noticia es que podemos luchar y lograr un sistema moderno, más eficiente y transparente.
Roberto Salinas León es director de política económica de TV Azteca y académico asociado del Cato Institute.