A primera vista, resulta incomprensible que una propuesta de resolución contra el plan Ibarretxe y en apoyo de la Constitución, presentada por el PP y leída por el alcalde de Vitoria, haya causado el desencuentro entre el PP y el PSOE en torno a la renovación de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Es aún más inexplicable cuando ambos partidos ya habían pactado una lista única encabezada por Francisco Vázquez, el alcalde de La Coruña. Y raya en el absurdo si se tiene en cuenta que iba a ser el edil coruñés quien, en cualquier caso –pues el PSOE tenía mayoría de votos– iba a ser elegido para presidir la FEMP en sustitución de Rita Barberá, la alcaldesa popular de Valencia que había ocupado el cargo desde 1995 y que, de acuerdo con los estatutos, pasará a ocupar la vicepresidencia.
Para quienes de verdad, y al margen de cualquier partidismo, defienden la Constitución de los ataques del nacionalismo separatista, toda ocasión debería ser buena para pronunciarse en contra del plan Ibarretxe y a favor de la Constitución. Y por esto mismo, cabe deducir que la principal cuota de culpa de lo ocurrido corresponde al PSOE, que se ha sumado a la posición de los nacionalistas catalanes de CiU y ERC, quienes se oponían a apoyar la declaración. Es indudable que la "hipoteca catalana" de Zapatero ha influido decisivamente en este episodio: si Maragall quiere formar gobierno en Cataluña, ha de contar necesariamente con ERC –su opción preferida– o bien con CiU; pues, de otro modo, no podría explicarse una ruptura de la que, a fin de cuentas, no derivarán diferencias sustanciales respecto de la Ejecutiva de la FEMP pactada previamente.
Sin embargo, esta dependencia del PSOE de los nacionalistas catalanes debía haber movido al PP a la prudencia: quizá no era el mejor momento para plantear tal resolución; la cual, en cualquier caso, podría haberse aprobado sin problemas una vez renovados los cargos de la FEMP. Francisco Vázquez es, precisamente, uno de los escasos socialistas que tiene las ideas claras acerca de la cuestión nacional y que, además, ha dado sobradas pruebas de ello, enfrentándose en varias ocasiones a la línea oficial de su partido. Por otra parte, el PP y el PSOE ya habían consensuado mociones contra el plan Ibarretxe en numerosos municipios de España, tanto a iniciativa del PP –que las ha presentado en mas 7.000 ayuntamientos donde tiene representación– como del PSOE –que, por ejemplo, presentará la suya este lunes en el Ayuntamiento de Madrid a través de Trinidad Jiménez. Los consistorios de Ávila, Burgos, Irún y Estella, por citar algunos, ya han aprobado sendas mociones de condena contra el plan secesionista del lehendakari; e incluso Odón Elorza recibió "un toque" de Zapatero por negarse a aprobarla en San Sebastián.
Pero la debilidad de Zapatero, su necesidad de presentar alguna ganancia en cuotas de poder antes de las elecciones de marzo, ha precipitado un desencuentro absurdo, innecesario y muy dañino en torno a una institución que, si bien muy respetable, no es precisamente decisiva en la política nacional. El lógico y necesario frente común que los dos principales partidos de España deben formar para defender la Constitución de los ataques de los nacionalistas ha recibido un golpe desestabilizador. Y, además, se ha llevado por delante parte del prestigio que Francisco Vázquez había acumulado como firme defensor de España y de la Constitución contra los nacionalismos totalitarios. El alcalde de La Coruña, que representa el sentir de muchos –quizá la mayoría– de los socialistas, debería reflexionar sobre si vale la pena ayudar a Zapatero –un valor que cae en picado– a saldar sus hipotecas cuando el precio a pagar es dar balones de oxígeno a quienes quieren romper España.