El líder de CCOO, José María Fidalgo, no ha podido —dentro de los males inherentes al sistema publico de reparto de pensiones— estar más acertado al salir en defensa del carácter unitario de su cuantía y calificar los complementos que otorgan algunas autonomías como "aguinaldos o cestas de Navidad". Ciertamente, el dirigente sindicalista ha dado muestra de un sentido de la responsabilidad que contrasta favorablemente con el electoralismo demagógico de la Junta andaluza, la cual no ha tardado ni un día en aprobar nuevos incrementos para los pensionistas, después de que el Congreso aprobase este jueves una ley —con el apoyo del PP y CC— en la que se establece que las pensiones deben de ser iguales en todas las comunidades.
Esta polémica arranca en el año 99, cuando el Gobierno de Chaves decidió, en vísperas de las elecciones de 2000, incrementar por su cuenta las pensiones no contributivas de los andaluces. Posteriormente, la Generalitat catalana y otros gobiernos autónomicos —incluidos algunos del PP— se han sumado a esta demagógica e irresponsable política que viene a romper los principios de igualdad, universalidad y unidad en los que debe basarse el actual sistema de la Seguridad Social.
El Gobierno central había recurrido la subida ante el Tribunal Constitucional y este, en una desacertada sentencia —si bien con el honroso voto particular discrepante de cuatro de sus once magistrados, incluido el de su presidente— desestimó en 2002 el recurso, argumentando que las comunidades tienen competencias en materia de “asistencia social”.
Como oportunamente señalaba uno de los magistrados discrepantes en su voto particular: “la Comunidad Autónoma andaluza ha interferido en la materia de seguridad social, sin título para ello, poniendo como pantalla de su actuación, que no admisible título de la misma, el de asistencia social”.
El área de “asistencia social” —en la que efectivamente sí tienen competencias las comunidades— hace referencia a ayudas publicas que no deben estar relacionadas ni afectar a las pensiones como consecuencia del carácter extraordinario y exclusivamente puntual o esporádico de aquellas, que contrasta con el carácter estable y acumulativo inherente a un sistema de Seguridad Social. Aunque de cara al Tribunal Constitucional, el Gobierno de Chaves presentó jurídicamente de forma artera estos incrementos como pertenecientes a esa área de “asistencia social”, es evidente que de cara a la opinión pública esos incrementos se insertan en la retribución de pensiones por lo que crean agravios comparativos innegables que, a efectos prácticos, son vistos como una desigualdad en la retribución en función de en qué comunidad vivan los pensionistas, algo notoria y radicalmente anticonstitucional.
Desgraciadamente, la mayoría del Tribunal Constitucional también aceptó entonces el argumento —que ahora reiteran socialistas y nacionalistas— como es el de que los incrementos se hacen con cargo a los recursos que manejan las autonomías. Pero este es un argumento falaz, puesto que las comunidades que incrementan por su cuenta las prestaciones no contributivas, tienen una importante deuda acumulada que, al final, tendrá que ser asumida por el Estado. Y eso por no hablar del efecto inflacionario sobre la moneda que manejan no sólo los pensionistas beneficiados por la demagógica medida sino por el conjunto de los españoles.
Ciertamente, las comunidades autónomas crean una ilusión absolutamente dañina como es presentar estos “aguinaldos” como un incremento de las pensiones —cuyo fondo siempre nace de la Caja Única de la Seguridad Social— cuando en teoría son sufragadas por ellas sin que por ello dejen de ejercer una dañina distorsión a los ojos de los pensionistas
A esta distorsión se añade el hecho, ya apuntado, de que las comunidades que anuncian estos incrementos en el gasto social —disfrazados de subidas en la cuantía de las pensiones no contributivas — no anuncian en paralelo un incremento de los impuestos que la hagan posible —o bien una reducción de otras partidas sociales de los que extraer a cambio esos fondos—, sino que lo repercuten directamente a un déficit que engrosa la deuda de todos. Es evidente que cuando se establece un sistema en el que los beneficios visibles se los lleva el Gobierno autonómico de turno pero los costes financieros los paga el conjunto de los contribuyentes españoles se abre la veda para las subastas autonómicas al alza, como así, en parte, ha ocurrido.
Libertad Digital siempre se ha manifestado partidario de un sistema de capitalización individual, en lugar del actual sistema público de pensiones. Esta es una ocasión más para señalar los problemas que acarrea el actual sistema que jamás se darían en un sistema despolitizado y ajeno al sector estatal como el que nosotros propugnamos. Sin embargo, no queremos por ello dejar de señalar las diferencias de gestión dentro de lo que es un sistema público de pensiones. Aunque ambas políticas se muevan en un sistema estructuralmente deficiente, las demagogias subidas de las pensiones de los socialistas —que dejaron en quiebra la Seguridad Social y en Andalucía aún le deben dinero— no pueden ser equiparables a la correcta gestión efectuada por el Gobierno del PP —que ha logrado poner las cuentas en orden en la Seguridad Social, paralelamente a una subida paulatina y responsable de las retribuciones.
Creemos que se puede y —en todo caso— se debe intentar reducir el margen de distorsión electoralista que generan las autonomías en las pensiones con sus competencias en materia de "asistencia social". Para ello, el Gobierno puede y debe aferrase a la propia sentencia del Tribunal Constitucional antes comentada que, si bien aseguraba que “el sistema de Seguridad Social no resultaba perjudicado por los incrementos comentados” también admitía —en parte, contradiciéndose— que “el Estado siempre podrá adoptar las medidas que resulten convenientes para evitar los posibles efectos disfuncionales que pudieran producirse en dicho sistema como consecuencia de la acción normativa de las Comunidades Autónomas”.
Aunque el Gobierno tenga difícil evitarlo con su nueva ley, sólo por lograr con ella que un dirigente de Comisiones Obreras como Fidalgo denigre el electoralismo de las autonomías respecto a las pensiones como "aguinaldos o cestas de Navidad" es muestra de que ya ha valido la pena...