Gracias a una enmienda a la Ley de Televisión Privada presentada, minutos antes de que acabara el plazo, por el PP a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, los grupos empresariales podrán mantener sus televisiones locales y nacionales. El PP flexibilizará así el régimen de incompatibilidades anunciado por el propio Gobierno el pasado año, y que impedía que las televisiones nacionales participaran en emisoras locales, medida que obligaría a grupos como Prisa y Vocento a elegir entre su participación en la televisión privada (Canal + y Telecinco) o en televisión Local (Localia y Onda Seis).
Nuevamente, el Gobierno modifica ad hoc la legislación, y nuevamente es don Jesús de Polanco el gran beneficiario de la misma. Ya fueron ridículamente nimias las condiciones que el Ejecutivo impuso hace un año a Prisa para autorizarle la fusión de las plataformas digitales con Telefónica. Pues bien, ahora el Gobierno, con esta enmienda, no sólo legaliza Localia —a la que durante tantos años ha permitido emitir ilegalmente— sino que permite a su propietarios, además, mantenerla al tiempo que poseen un canal nacional como es Canal +, algo que estaba vedado por las pocas condiciones impuestas hace un año a la fusión de las plataformas digitales. Si tenemos en cuenta que Canal +, a su vez, había sido autorizado en tiempos del PSOE y en exclusiva al propietario de Prisa —pues este canal de pago contradecía el carácter de servicio público y en abierto que, por ley, debían entonces tener las recién nacidas televisiones privadas—, podríamos llegar a la conclusión de que en España se liberaliza lo que quiere, donde quiere y cuando quiere el señor Polanco.
Desde Libertad Digital siempre hemos defendido un mercado audiovisual abierto a la competencia, donde los grupos de comunicación pudieran ejercer su función empresarial libre de trabas y de privilegios, en competencia entre sí y abierto a nuevos competidores. En este marco —por ahora inexistente— de pluralismo y libre empresa, de seguridad jurídica basada en reglas estables y claras, nada habría que objetar a que un grupo de comunicación pudiera mantener su capital, tanto en cadenas generalistas como en cadenas locales. Pero el mercado audiovisual en España —como hemos venido señalando— es un campo profundamente intervenido, vedado a la nueva competencia —solo se permiten dos canales generalistas privados en abierto—, y donde hay una gran proliferación de televisiones estatales y autonómicas que se financian deslealmente respecto a las privadas gracias al dinero del contribuyente. Este fin de semana —por ejemplo— nos hemos enterado de que el Estado asumirá nada menos que 6.200 millones de deuda de RTVE, mientras este ente público compite con las privadas —más bien las estrangula— en captar financiación a través de la publicidad.
Al margen de la forma tan improcedente de llevar a cabo esta reforma —como es introducir una enmienda, en el último momento, sin debate previo y a través de una Ley de Acompañamiento a los Presupuestos— es en este ámbito de privilegios y concesiones donde hay que analizar la decisión del Gobierno. Liberalizar es una cosa; hacer la vista gorda frente a la ilegalidad para luego legalizar la actividad del infractor —siempre que este sea don Jesús— es otra muy distinta. Liberalizar es dejar hacer pero al tiempo que se deja entrar. El Gobierno del PP, sin embargo — y siguiendo en esto la senda del PSOE— no ha hecho otra cosa que echar llaves a la puerta de los nuevos competidores de Polanco, para luego dejar a este absorber, echar fuera o pactar con los pocos que están en su privilegiada compañía...
Mientras el Gobierno defiende de forma tan incompetente la libre competencia en el mercado de la comunicación, todavía esperamos que obligue al Grupo Prisa a cumplir la sentencia del Supremo de 2000 contra el antenicidio. El año que viene, si Dios quiere.