Los socialistas y secesionistas catalanes, al margen de lo que decidiera después el Tribunal Constitucional, podrían hasta entonces llevar a cabo la reforma del Estatuto Catalán sin necesidad de violar la ley. Como señala el procedimiento de reforma del propio Estatuto, necesitarían para la misma la aprobación del Parlamento de Cataluña por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.
La primera condición legal ya la cumplen, y el PP —que según ellos es el único obstáculo— no podría por sí solo impedir a partir de marzo que cumplieran la segunda, si este partido no renueva su mayoría absoluta. Dicho de otro modo, si todos los partidos que respaldan esa reforma —PSOE, IU y todos los partidos nacionalistas— tras las generales tuvieran juntos la mayoría absoluta en las Cortes Generales que requiere una ley orgánica, nada impediría a Maragall convocar su referéndum sin violar la ley.
Al margen del ánimo delictivo que evidencia Maragall al anunciar de que es capaz de saltarse la segunda condición que le impone la ley para convocar el referéndum, hay pues que reparar en lo que de ofensa tiene para Zapatero y la desconfianza que denota respecto a que pueda alcanzar los escaños suficientes para que —sumados a los de IU y los nacionalistas— aprobaran la ley orgánica que requiere el procedimiento de reforma.
Zapatero, al respaldar no sólo la reforma consensuada con los secesionistas sino también la advertencia de Maragall de que la llevara adelante incluso contra la mayoría de la soberanía nacional, da también por hecho, de que esta no la representará su partido ni con la suma de los representantes nacionalistas y de IU partidarios de la reforma. Si tuviera confianza en sus posibilidades, bien podría haber dicho a Maragall que no hace falta que anuncie que está dispuesto a robar lo que la mayoría del Parlamento le va a entregar después de marzo. Al no hacerlo, Zapatero ha reflejado menos confianza en la victoria de su partido que la que recientemente ha manifestado Rodríguez Ibarra.
Lo que debe quedar claro es que, como los golpistas, los socialistas no se rebelan por rebelarse. Son las malditas urnas las que les obligan.