En el supuesto modelo de financiación autonómica planteado por Pascual Maragall, y suicidamente respaldado por Rodríguez Zapatero, no es lo más importante que se cuestionen las transferencias de recursos pactadas entre unas regiones y otras ya que, en efecto, no son tan elevadas y la prosperidad depende poco de causas exógenas sino del esfuerzo en ahorro e inversión que internamente se realice. Tampoco es lo más trascendente que un gobierno tripartito autocalificado de izquierdas, y que administra una comunidad que supera en renta a la media nacional, sea insolidario con el resto porque ya se sabe que la hipocresía es una seña de identidad de esta ideología. Y no es ninguna novedad que todo ello esté aderezado con el plomizo discurso nacionalista basado en mentiras históricas, agravios económicos y xenofobias tribales.
Por supuesto que en todas las exigencias nacionalistas los intereses económicos ligados al poder político juegan un papel determinante, pero en este caso las amenazas no solamente quieren rompen unas reglas formales que tienen que ver con los bienes y con los recursos, sino que van al fondo de uno de los fundamentos claves de todo Estado de derecho y constitucional, esto es, la Hacienda Pública. Es evidente que cuando el artículo 133 de nuestra Constitución dice que "la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley", resulta difícil encajar este precepto con una "Agencia Tributaria de Cataluña que será responsable de la recaudación de los tributos propios, cedidos y compartidos", y totalmente imposible con que el nuevo gobierno autonómico tenga "capacidad normativa" sobre ellos, afirmaciones que se recogen en el pacto suscrito por las tres fuerzas que forman el nuevo gobierno catalán. No es casual que la cuerda tensada por Maragall pase especialmente por la cuestión fiscal ya que, en caso de romperse, se puede quebrar también el marco de convivencia constitucional.
Desde una perspectiva liberal, en efecto, el poder fiscal es la más clara expresión del poder coercitivo del Estado. Poco importa ahora que este poder se haya establecido originalmente por violencia o por contrato, lo que interesa destacar es que la cesión de soberanía por parte de los individuos al Leviatán hobbesiano se concretó a lo largo de la historia a través de la entrega o apropiación de una parte del fruto del trabajo y del ahorro, de los tributos en una palabra. Y que cuando los hombres deciden conquistar autonomía y libertad respecto al Estado déspota, lo hacen limitando el poder fiscal del soberano, como bien demuestra el nacimiento de las constituciones liberales y de las democracias parlamentarias, siendo Inglaterra el ejemplo más palmario de ello. Así pues, son las normas constitucionales y las elecciones democráticas las dos únicas vías posibles para limitar el poder impositivo del Estado. Y más importancia adquieren estos instrumentos de soberanía del ciudadano y del contribuyente ante un Estado democrático que no ha hecho más que expandirse en el campo económico durante el pasado siglo. Pero mientras que el votante solamente decide entre aspectos relativamente menores que proponen los partidos políticos, como mayores o menores tipos impositivos, las constituciones y las normas tributarias que de ellas se derivan –el acuerdo de financiación autonómica, por ejemplo- vertebran y consolidan la soberanía nacional.