A pesar de que fueron elegidos y tomaron posesión de sus cargos en fecha distintas, los nuevos presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat catalana, Esperanza Aguirre y Pasqual Maragall, fueron recibidos por el Rey el mismo viernes 26 de diciembre de 2003 con una hora de diferencia. Tras sus entrevistas, cruzaron declaraciones que, pese a la cordialidad en las formas, reflejan claramente las discrepancias que separan a ambos dirigentes, tanto en cuestiones de gestión de gobierno autonómico, como respecto a las reglas de juego que marca la democracia y la Constitución española.
Esperanza Aguirre destacó que Madrid aporta al Estado casi cuatro veces más que Cataluña. Al replicarle, Maragall dijo que le une con Aguirre “una gran amistad y que se conocen desde hace mucho tiempo pero –apuntó– su fuerte no son las matemáticas ni la economía”. “Es enormemente agradable, simpática y buena amiga –agregó Maragall– pero creo que esos números no están muy al día”.
Por muy cordial –más bien condescendiente– que haya sido Maragall en la forma, su réplica a Aguirre no es cierta en el fondo. La afirmación de la presidenta de Madrid, por el contrario, coincide con el informe más reciente relativo a las balanzas fiscales de las autonomías que se haya publicado en España. Lo acaba de hacer la Fundación BBVA, editora de un concienzudo estudio del profesor Ezequiel Uriel del que se deduce que sólo tres comunidades son contribuyentes netas (Madrid, Baleares y Cataluña); el resto tienen saldo fiscal positivo: reciben del Estado más de lo que aportan. La aportación neta por habitante de Cataluña es de 65.000 pesetas/año. Se trata efectivamente de una contribución muy inferior a la de Baleares (144.000) y mucho más respecto a la de Madrid (206.000), pese a que la diferencia en renta es poco significativa entre estas comunidades.
Evidentemente, estos estudios tan prolijos son siempre retrospectivos, por lo que nunca pueden estar completamente al día. Este informe, concretamente, utiliza datos de los años 90, pero se trata del informe más reciente de cuantos sobre esta materia se han publicado. Si Maragall tiene otro y de una fuente independiente, que lo enseñe. Mientras tanto, está de más que diga que “las matemáticas y la economía no son el fuerte de Aguirre”. Sobre todo, si recordamos que quien lo dice, cuando fue su alcalde, logró que Barcelona se convirtiera en uno de los municipios más endeudados de España, pese a las insuperables transferencias de las que se benefició, procedentes no sólo de Cataluña, sino, sobre todo, del resto de España, con ocasión de los Juegos Olímpicos.
No obstante, estas discrepancias distan mucho de basarse en cuestiones meramente contables. Lo que ponen de manfiesto es algo mucho más profundo y grave como es la sintonía con el concepto mismo de “nación” y de “solidaridad nacional”, que Maragall reserva para Cataluña y niega a España, tal y como se ve en su proyecto de nuevo Estatuto. El sucesor de Pujol dice que se ha limitado a informar al Rey de sus “intenciones” al frente de la Generalitat Catalana “incidiendo sobre todo en los ejes fundamentales”. Hay que recordar que el eje fundamental es precisamente esa propuesta de reforma del Estatuto catalán que entra en flagrante contradicción con la Constitución española y en pro de la cual Maragall ya ha mostrado su disposición para violar la ley si las Cortes Generales no le autorizan la convocatoria de un referéndum.
Por eso, tal vez, no sería extraño que muchos españoles se sintieran desconcertados ante las efusiones de don Juan Carlos al abrazar ante las cámaras al presidente de la Generalidad de Cataluña, el cual, no lo olvidemos, ha sido aupado a esa condición por una formación republicana e independentista, o sea, que entre sus propósitos fundamentales están la ruptura con el concepto de nación española en la que se sustenta nuestra democracia y con la propia Corona. Maragall no se ha presentado en esta ocasión ante el Rey como un amigo, como el alcalde de aquellos juegos olímpicos que toda España vivió como suyos, sino como cabeza de una coalición para la que el acto de ayer era meramente protocolario, en el sentido más negativo del término, y que se ha manifestado dispuesta a vulnerar, a su conveniencia, la soberanía del parlamento español.
El Rey tiene el deber de recibir al nuevo presidente catalán, pero también el de ejercer su papel constitucional de “arbitrar” y “moderar”. Y eso supone aplacar con la gravedad necesaria a quien está dispuesto a saltarse las reglas de juego escritas en nuestra Constitución. El Rey no sólo debe estar preocupado por los envites secesionistas, sino también manifestar su preocupación ante quienes los protagonizan. Por ello, en esta ocasión, acaso lo más adecuado hubiera sido mostrar menos entusiasmo al abrazar públicamente a quien se manifiesta dispuesto a dejar de merecerlo.