El diario El Mundo ha llevado a su portada del viernes 16 un asunto del que nos ocupamos el martes en una columna: las sospechas de favoritismo en el servicio de Inspección del departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya. Por fin, un escándalo de corrupción local se difunde en la prensa nacional.
El Estado de las Autonomías ha tenido la paradoja, quizás deseada, quizás no, de hacer desaparecer casi toda la información regional de los medios de comunicación nacionales, a los que se tilda como los de Madrid. Las páginas de los diarios locales se nutren, por lo general, de declaraciones de los consejeros de turno, señores además, de enormes presupuestos publicitarios, y de apasionantes reportajes sobre el ganado indígena o los baches de las calles. La información que llega de las otras regiones se limita a los sucesos delictivos y al politiqueo.
Algo similar ocurre en los medios elaborados en Madrid. En ellos escasean las referencias a la vida o a los acontecimientos de ámbito regional, a no ser que tengan un efecto nacional. Por ejemplo, las vulneraciones de las normas urbanísticas promovidas por políticos locales se producen en comunidades tan distantes como Cantabria y Canarias y las mafias del narcotráfico corrompen a funcionarios y gobernantes en Galicia y Andalucía, pero para los ciudadanos es muy difícil enterarse de todo ello, aunque vivan en la misma comunidad. Los medios provinciales no suelen hablar de estos asuntos y a los de ámbito nacional no les interesan, salvo cuando adquieren una magnitud multimillonaria. La consecuencia es que los caciques se sienten cada vez más impunes.
Los diversos escándalos de corrupción producidos en el oasis catalán, donde resulta de mal gusto señalar con el dedo o hablar de ilegalidades, se han conocido en toda España gracias a los medios nacionales, y eso que en Barcelona hay dos grandes grupos de comunicación.
Los caciques locales, que antes sólo tenían dinero, ahora disponen de partidos políticos, de presupuestos públicos, de inspectores de hacienda y, sobre todo, del discurso del agravio para acallar a cualquiera que investigue sus trapos sucios. Jordi Pujol desarmó la investigación del hundimiento de Banca Catalana (en cuyo rescate se emplearon impuestos de todos los españoles) al gritar que se trataba de un ataque a Cataluña.
Si hay suerte, el escándalo en cuestión aparecerá en un diario; los políticos de la oposición harán declaraciones indignados y se producirán debates en el parlamento autonómico; un juez admitirá una demanda y empezarán a moverse los abogados, que enterrarán el asunto en papeles. Pasado un tiempo, la trifulca pasará como pasan las tormentas. Y en las redacciones de Madrid se dirá que la sospecha de un pago de 100.000 euros por una recalificación urbanística en una capital de provincia a 300 kilómetros no merece más que un breve.