Esta es la Conclusión del artículo que con el mismo título publicará en su próximo número La Ilustración Liberal y que los interesados pueden consultar en este fichero PDF.
En España, los impuestos se pagan en proporción a la renta personal, con la excepción de lo que representan los pagos adicionales por progresividad en sucesiones, donaciones, patrimonio e IRPF, que quizá pudieran valorarse, en conjunto, en torno a 6.500 millones de euros. La proporcionalidad se mantiene para los pagos por IVA, ligados al gasto. En el caso del impuesto sobre sociedades es imposible saber dónde –dentro del territorio nacional– se ha generado el beneficio. Lo que no permite saber a qué autonomía habría que adscribir esos ingresos fiscales. El gasto público, en cambio, tiene como criterio básico el del número de habitantes, con algunas correcciones a las que hemos hecho referencia.
El conjunto, manejado tal y como lo hacen los nacionalistas catalanes y el PSC, y, por extensión, el PSOE, reflejaría –en el caso de que pudieran hacerse balances fiscales– una transferencia de recursos fiscales de las autonomías ricas a las más pobres, que sería, sin embargo, mucho más importante en el caso de Madrid que en el de Cataluña. Ello es así porque Madrid tiene una renta media mucho más alta, al menos un 10% superior a la catalana. Pero estamos hablando de cuantías muy reducidas, que habría que matizar. La primera sería valorar el coste histórico, reflejado en parte en la deuda pública estatal, de las otras políticas económicas nacionales para los habitantes de cada autonomía, que han pagado los menos favorecidos y que ha supuesto una transferencia de todo tipo de recursos, no sólo fiscales, de los que históricamente vivieron en las autonomías pobres a los de las más ricas. Aunque en la actualidad son pocas las políticas nacionales que pueden favorecer a unos sectores sobre otros, alguna sigue habiendo. Quizá la más importante sea la de promoción de I+D+i, que beneficia, por su propia naturaleza, a autonomías como las de Madrid y Cataluña, o las masivas compras de medicamentos por la sanidad pública, que favorecen claramente a las empresas farmacéuticas establecidas en Cataluña. Pero hay otras, como el Plan Hidrológico Nacional, que beneficia a los habitantes de Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía.
En lo que respecta a grandes inversiones, que pueden aparecer contablemente como gasto presupuestario, nos hemos referido a las inversiones en los distintos AVE y la ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En cuanto a políticas de gasto, hemos hecho una consideración sobre el mantenimiento del ente RTVE. Aún más importante, cuantitativa y cualitativamente, es el déficit de la seguridad social agraria y a quién atribuirlo, y qué efecto tendría una adecuada contabilización de los gastos por desempleo. Asimismo, son muy dificiles de contabilizar las obligaciones futuras por pensiones públicas, las cuales, si se capitalizaran, podrían suponer el 200% del PIB. Pero, frente a operaciones imposibles, una que habría que hacer, si fuéramos a llevar a cabo con rigor balanzas fiscales autonómicas en las que se recogiera todo lo relevante, sería cómo repartir los 312.000 millones de euros de deuda de la administración central.
La dificultad, mejor, si somos rigurosos, la imposibilidad de llevar a cabo estas operaciones es la mejor demostración de que toda la discusión sobre balanzas y transferencias fiscales entre autonomías es un disparate. Y lo es porque España es una nación desde hace mucho siglos y las decisiones políticas, con repercusiones económicas y fiscales, se han tomado por los sucesivos gobiernos nacionales con criterios nacionales, aun a sabiendas de que en algunas ocasiones se estaba beneficiando a algunas regiones sobre otras pero, siempre –esperemos que haya sido así– sobre la base de los intereses generales, a largo plazo.
En la actualidad, cuando la política fiscal es casi la única sobre la que tiene competencias el Gobierno de la nación, es lógico que se preste atención al conjunto de impuestos que se pagan y a cómo se gastan los ingresos conseguidos. Aunque, desde un punto de vista económico, lo que se consideraba relevante –en la discusión pública– era si la política fiscal perseguía el equilibrio, el superávit o el déficit. Pero no en esta España de las autonomías o, mejor, de los políticos de las autonomías, empeñados en incrementar su poder a cualquier precio.
En cualquier caso, las dudas sobre la efectividad de la política fiscal y sobre la justicia y efectividad de los impuestos progresivos se están resolviendo, en el conjunto de los países más avanzados, con reformas fiscales que reducen tipos y progresividad, por simplicidad y capacidad recaudatoria, de tal manera que el conjunto de los impuestos se paga en relación –y proporcionalmente– a las rentas medias percibidas y gastadas. Por su parte, el gasto público se adecua a la población en cada autonomía, en el caso de España, lo que, parcialmente, corrige la injusticia que significan los tipos únicos de los impuestos para la población menos favorecida, al reducirse, para los que se encuentran en peor situación, su renta disponible, el factor clave que determina el nivel de vida y las perspectivas futuras. Intentar salirse de estos parámetros, dando más importancia a dónde se recauda a la hora de programar el gasto público que a la población que de hecho vive en cada territorio, parece más injusto. Pero, incluso, si se hiciera, esa modificación en la política de asignación del gasto no tendría efectos fiscales significativos. Por el contrario, al tener en cuenta otros factores, como las obligaciones por pensiones y la asignación de la deuda estatal, se modificarían, sustancialmente, esas hipotéticas balanzas fiscales. Ir adelante por este camino significa destruir la convivencia, no ya nacional, sino la personal, familiar, local y autonómica.