Habiendo fracasado ignominiosamente con sus intentos de protección a la industria manufacturera, parece que ahora el gobierno de Bush se prepara para conceder subsidios. Lo mismo que con los aranceles al acero, esa política está condenada al fracaso. La actual Administración trata de encarar la supuesta caída de la industria nacional como si fuera algo que nadie había notado antes. Eso sucede porque el gobierno no estudia ni analiza con cuidado sus medidas antes de aplicarlas. Sobre este tema, las críticas del anterior secretario del Tesoro, Paul O’Neill son enteramente correctas.
Si alguien se molesta en buscar, fácilmente encuentra que el gobierno federal ha estado publicando reportajes detallados sobre la supuesta caída de la industria durante más de 20 años. En septiembre de 1980, el gobierno de Carter publicó un informe de dos pulgadas de gordo sobre la caída de la competitividad de la industria norteamericana. En 1985, el gobierno de Reagan publicó dos volúmenes sobre el mismo tema. Muchas otras investigaciones han sido llevadas a cabo por varias otras comisiones y oficinas gubernamentales. Tengo la colección completa de esos estudios en un largo tramo de mi biblioteca.
Además están los libros publicados sobre el tema. Algunos de los más conocidos son “La desindustrialización de América (1982), “La manufactura sí importa” (1982) y “Exaltando a industrias fuertes” (1999). Los libros publicados por los economistas Laura Tyson y Robert Reich lograron que sus autores fueran nombrados ministros en el gobierno de Clinton.
El recién publicado informe del Departamento de Comercio propone la utilización de dinero de los contribuyentes para ayudar a la industria privada a funcionar mejor. Aunque tales subsidios iban a ser descontinuados, según reportes de prensa más bien aumentarán considerablemente en el próximo presupuesto.
El remedio tradicional del Partido Demócrata era la implementación de una “política industrial”. Es decir, el funcionamiento de una agencia gubernamental parecida al ministerio de Comercio Internacional e Industria de Japón, donde deciden cuáles industrias tienen éxito y cuáles desaparecen, ayudando a las primeras con subsidios y protección arancelaria, mientras ayudan a morir a las otras.
La más efectiva crítica de esa política industrial la formuló Charles Schultze, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Carter, en su informe de 1981: “es engreimiento asumir que se puede identificar a los sectores industriales exitosos y a los que no lo serán”. El informe concluye que adoptar una “política industrial” significaría politizar la economía y reducir la eficiencia económica de la nación entera. La experiencia japonesa confirma la validez de ese análisis.
Y es irónico que el nuevo informe del Departamento de Comercio presenta amplia evidencia de lo saludable que está la industria en EEUU: la productividad sigue aumentando y la producción es fuerte, aunque es cierto que el empleo industrial ha bajado en un porcentaje similar al de las demás naciones industrializadas, incluyendo aquellas que intervienen directamente, instrumentando las llamadas políticas industriales.
No hay duda que cuando la economía crezca más rápidamente, lo mismo sucederá en el sector industrial, pero el gobierno sí debe proceder a reducir regulaciones, cambiar un sistema impositivo totalmente pasado de moda, a la vez que encarar el costo desproporcionado que los abogados litigantes significan para el sector industrial.
La nueva política industrial de Bush seguramente terminará siendo sólo politiquería de año electoral. Sin embargo, es una mala idea.