Tras su evidente caída, ha llegado la hora del cambio –profundo, realista y creativo— en el Parlamento Centroamericano. El clamor recorre la zona y ha tocado a los mandatarios de los cinco países miembros. En Guatemala, su sede, el presidente Oscar Berger ha dicho que denunciará su constitución. Francisco Flores y Enrique Bolaños, de El Salvador y Nicaragua, declararon, conjuntamente, la necesidad de revisarlo. En Honduras, Ricardo Maduro consideró imperativo “reducirlo o eliminarlo” y dijo que hay consenso entre sus colegas para emprender la tarea. En Panamá, más alejado de la dinámica centroamericana, la presidenta Mireya Moscoso fue más radical: lo consideró una “pérdida de tiempo” que se debería suprimir.
Abel Pacheco, de Costa Rica, ha permanecido callado: el país no integra el organismo. Pero hace más de un año, recién llegado a la Presidencia, dijo que era imposible incorporarse sin una reforma previa. El descontento ha calado también en múltiples sectores políticos y sociales del istmo. A pesar de tantas promesas sobre lo que haría el Parlacen para beneficio general, sus dos mayores efectos tangibles han sido dar inmunidad a políticos corruptos y consumir recursos necesarios para fines más útiles.
Aún están frescos los esfuerzos de Arnoldo Alemán por utilizar su inmunidad como diputado centroamericano (derecho automático de todos los ex presidentes) para evadir la justicia de Nicaragua. Dichosamente, fracasó. Los guatemaltecos, tras un gobierno ligado a la corrupción, resienten que Alfonso Portillo, su cabeza, pretenda cobijarse bajo el mismo privilegio y, así, evitar un proceso en su contra. Panamá comparte esa preocupación sobre políticos de alto rango envueltos en escándalos con fondos públicos y tráfico de influencias. Y Honduras ha padecido la vinculación de algunos de sus representantes ante la entidad con delitos de narcotráfico.
El pecado original del Parlacen es que se creó –en 1987– con la absurda pretensión de imponer, por obra de diseños institucionales pretenciosos y calcados de Europa, un modelo de integración política sin asidero en las realidades del istmo. Sus inspiradores creyeron posible trasladar a Centroamérica, sin adecuada preparación ni experiencias, y con enormes diferencias entre sus países, las prácticas y tradiciones de Estrasburgo.
El Parlamento Europeo creció como resultado del avance en la confluencia política y la integración de sus miembros. Con el de Centroamérica se buscó, más bien, forzar ese proceso desde una cúspide sin suficientes bases. Ocurrió lo que tenía que ocurrir: lejos de ser un motor para limpiar vicios, corregir errores y enmendar procesos en el istmo, absorbió sus peores prácticas políticas y terminó sumido en los privilegios, la inoperancia y la distorsión de sus propósitos iniciales. Es decir, se convirtió en enemigo de un proceso de integración centroamericana firme, progresivo y sensato.
Frente a esta realidad, inconveniente e insostenible, la reforma del Parlacen debe encaminarse a darle una misión, una medida y una composición más congruentes con el momento que vive Centroamérica (Panamá incluido). Debe ser redimensionado, para convertirlo en una institución más modesta, libre de inmunidades o cargos vitalicios, y compuesta por representantes nombrados por los parlamentos nacionales. Su estructura debería permitirle evolucionar y ganar progresivamente ámbitos de acción, sin interferir en las dimensiones más inmediatas de la coordinación e integración centroamericana: la económica y la social, a cargo de otras dependencias. Desde aquí podrá avanzar hacia objetivos políticos de mayor alcance, no a la inversa.
El momento es propicio para el cambio. Además de la nueva sensibilidad de los presidentes y otros sectores del istmo, hay un impulso y una necesidad generados por el tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, más el que ahora negocia Panamá.
Gracias al proceso hacia el TLC, la colaboración entre los países de Centroamérica ha crecido alrededor de temas vitales y prácticos, como la integración aduanera, la resolución de controversias, la coordinación de políticas macroeconómicas y –en menor medida— el impulso al estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Desde su avance se pueden establecer bases firmes para la transformación y mejora no solo del Parlacen, sino también de toda la institucionalidad del istmo.