El gobierno de Hugo Chávez tomó la decisión de impedir, a como dé lugar, la realización del referéndum revocatorio presidencial. Ello no implica necesariamente que su plan tenga éxito, sino que el régimen impedirá el revocatorio por todos los medios. Esta es una decisión tomada y existe un plan para ejecutarla. El plan consiste en deslegitimar el acto democrático de la recolección de firmas, el llamado Reafirmazo, mediante la acusación de fraude, y en el esfuerzo para que los chavistas del Consejo Nacional Electoral intenten detener el revocatorio en esa instancia a través de trampas de diversa naturaleza. Dado que esto podría no funcionar, debido al gran número de firmas recolectadas y a la ineficaz pero real supervisión externa, el plan de sabotaje se concentrará entonces en la segunda fase, concerniente al Tribunal Supremo de Justicia. Esto explica la presión oficialista para cambiar cuanto antes la ley y asegurarse una holgada mayoría en el Tribunal Supremo, órgano que llevará entonces a cabo el cometido de postergar indefinidamente el revocatorio.
El gobierno usará todos los medios para sabotear el revocatorio, pero en principio intentará preservar el teatro mentiroso de la legalidad. Con esto, busca evitar una reacción firme y temprana de Washington, la OEA, la Unión Europea y otros factores externos. De modo que, en caso de no funcionar el obstáculo del Consejo Nacional Electoral, se concretará el del Tribunal Supremo. Si a pesar de todo esto, el hecho de la existencia de las firmas y la ineficaz, pero real, presión internacional imposibilitan que el fraude gubernamental se legitime, el régimen acudirá entonces a otros mecanismos más costosos y violentos, pero el objetivo no cambiará en ninguna circunstancia: el gobierno no permitirá un revocatorio presidencial, por las buenas ni por las malas.
¿Qué significa esto para la oposición democrática? Que debemos lograr que el gobierno pague el costo más alto, dentro y fuera de Venezuela, por su sabotaje de la voluntad popular. Esto, a su vez, exige que la oposición se asegure que el plan de sabotaje "legal" del revocatorio fracase. En vista de las circunstancias actuales y previsibles, no está claro que la oposición y la ineficaz, pero real, presión internacional puedan bloquear la parte violenta del plan. Pero lo clave es que la oposición democrática quebrante de manera decisiva el teatro de la legalidad oficialista. En otras palabras, el sabotaje del revocatorio debe implicar para el régimen en general, y para Hugo Chávez en particular, el fin definitivo de su circo democrático.
¿Qué significa esto para la oposición democrática? Que debemos lograr que el gobierno pague el costo más alto, dentro y fuera de Venezuela, por su sabotaje de la voluntad popular. Esto, a su vez, exige que la oposición se asegure que el plan de sabotaje "legal" del revocatorio fracase. En vista de las circunstancias actuales y previsibles, no está claro que la oposición y la ineficaz, pero real, presión internacional puedan bloquear la parte violenta del plan. Pero lo clave es que la oposición democrática quebrante de manera decisiva el teatro de la legalidad oficialista. En otras palabras, el sabotaje del revocatorio debe implicar para el régimen en general, y para Hugo Chávez en particular, el fin definitivo de su circo democrático.
Si el régimen logra sabotear el revocatorio y a la vez decirle al país y a la comunidad internacional, con alguna credibilidad, que todo fue legal y constitucional, la oposición habrá perdido todo: el revocatorio y el futuro. Pero si el régimen se ve forzado, antes de lo que sus estrategas quieren, y en condiciones adversas, a desprenderse del ropaje legal, habrán "pasado la raya de tiza amarilla" y se abrirá entonces una etapa distinta de la lucha en Venezuela, seguramente más difícil que la actual, pero contra un régimen que habrá perdido el arma del engaño.
La oposición democrática debe entonces impedir que la ley del Tribunal Supremo de Justicia sea cambiada, debe presionar en el Consejo Nacional Electoral para que se revelen las trampas, debe prepararse para generar una crisis institucional global y total, orientada a la deslegitimación del régimen y al paso adelante hacia un nuevo y distinto terreno de lucha, en el que, de una vez por todas, cese la farsa funesta de la legalidad oficial.
Para Chávez, preservar la mentira legalista es crucial, al menos por unos meses más y hasta que sus otros preparativos internos y externos maduren y se consoliden. Por ello, la oposición democrática tiene que entender que el reto del revocatorio, su sabotaje por parte del gobierno y las consecuencias que de ello se deriven, determinarán el comienzo del fin de la revolución o su decisiva consolidación en favor del establecimiento de un régimen comunista en Venezuela, tutelado por la Cuba castrista.
© AIPE
Aníbal Romero, profesor de ciencia política, Universidad Simón Bolívar