Los residentes en Cataluña, otrora la región más rica de España, no paran de recibir malas noticias. Se encuentran con un gobierno de izquierdas y nacionalista que habla de subir los impuestos –nunca de bajarlos, diga lo que confusamente diga un día, para desdecirse el siguiente, el PSOE en Madrid. Algunas industrias, aún con beneficios, deciden irse a otros lares –nada extraño, pues el fenómeno afecta a toda España, como ha puesto de manifiesto la última encuesta de población activa– pero allí les amenazan con boicots oficiales, lo que sin duda acelerará el proceso de migración. El “conseller en cap”, el Sr. Carod Rovira, colabora con los terroristas y tiene que irse, pero se queda.
El gobierno tripartito denuncia que transfieren una enormidad de ingresos fiscales al resto de España. Lo que provoca es un análisis de las balanzas fiscales de unas y otras autonomías del que se deduce que, en el caso de que pudieran confeccionarse –que no se puede–, la suma de balanzas fiscales históricas muestra una transferencia de recursos hacia los residentes en Cataluña, a la que habría que sumar el coste de las políticas económicas que históricamente también les han favorecido desde el siglo XIX.
La economía catalana es parte integrante y fundamental de la española. Su pésimo gobierno es una mala noticia para los residentes en su autonomía y para el resto de los españoles. Los disparates de los dirigentes nacionalistas y socialistas nos perjudican a todos. Lo único positivo es el efecto vacuna que puede provocar en muchos españoles que han votado al PSC en las últimas elecciones.