Al primer ministro galo, Jean-Pierre Raffarin, no se le ha ocurrido mejor idea para incrementar la oferta y reducir los precios de los alquileres, que amenazar a los propietarios con embargar sus “viviendas vacías”. Aunque se trata, sin duda, de una medida todavía más bruta que la del incremento del 50 % del IBI que en su día propuso Ruiz Gallardón, ambas “soluciones” no dejan de delatar el mismo desprecio por la propiedad privada y una absoluta incomprensión de dónde radica realmente el problema de la escasez y de los altos precios del alquiler.
Aunque Raffarín ha anunciado pomposamente un “gran debate nacional” antes de perpetrar tamaña medida liberticida, en realidad bastaría que el primen ministro galo tuviera presente unas cuantas lecciones básicas de teoría económica y de Derecho para descartar de antemano semejante disparate económico y atropello jurídico.
No creemos que, entre los cientos de miles de franceses que actualmente son propietarios de lo que Raffarin llama una “casa vacía”, haya muchos que la tengan en esa situación por el gusto de contemplarla sin rastro de presencia humana, incluida la de sí mismos. Incluso aunque esa fuera la excéntrica razón que animó en su día a unos pocos franceses a comprar la casa, también sería totalmente injusto y paradójico que fuera la misma por la que ahora se la embargaran.
En cualquier caso y pasando por alto la enorme arbitrariedad que supone fijar administrativamente qué es una “casa vacía”, la razón por la que la inmensa mayoría de los propietarios renuncian voluntariamente a las rentas que les proporcionaría su puesta en alquiler, se debe, aquí como en Francia, a que lo consideran un mal menor.
Tal y como evidencia la gran cantidad de pruebas de solvencia económica que exigen los franceses a sus inquilinos, la renuencia de muchos de ellos se debe a la falta de seguridad jurídica de los derechos de propiedad, a que el incumplimiento del contrato por parte del inquilino, no conlleva su consiguiente expulsión, sino unos eternos trámites judiciales. No hay que olvidar, además, que en Francia tampoco hay la posibilidad de que las partes fijen libremente la duración del contrato, sino que existen unos mínimos obligatorios que ya su naturaleza coactiva delata el exceso de su duración. Muchos propietarios, que podrían ser los primeros interesados en extraer una renta a sus pisos, renuncian de esta forma a hacerlo por temor a no disponer de ellos en el momento deseado. La rigidez y las barreras de salida que la propia legislación intervensionista establece en ese mercado son las que ejercen como barreras de entrada.
No obstante, Raffarin ha anunciado que no planteará al ministro de Justicia la posibilidad del embargo antes de un año. Antes de eso, el primer ministro se propone incrementar las tasas que ya gravan en Francia las “viviendas vacías” para endurecer, a continuación, las arbitrarias condiciones por las que una casa se considera como tal. Solo entonces y si no hay un incremento de la oferta, Raffarin tiene previsto consultar la posibilidad de "embargar los bienes" que no hayan salido al mercado. Vamos, que lo del embargo Raffarin nos lo anuncia ya por adelantado como el resultado de una paulatina y escalonada insistencia en el error. A lo mejor después a alguien se le ocurre recurrir a la guillotina; que lleve cuidado Raffarin no sea que, llegado el caso, la dirijan contra los propietarios, no de las casas, sino de las cabezas vacías...