El ministro del Interior, Ángel Aceves ha calificado de "lamentable" la puesta en libertad por parte de la Audiencia Nacional de tres presuntos etarras como consecuencia del “despiste” del juez y el fiscal a los que se les pasó el plazo para solicitar la prórroga de prisión preventiva.
Antes de entrar a valorar el “despiste” de marras, conviene ya lamentar la dilación judicial por la que esos dos detenidos han pasado dos años en prisión a la espera de juicio por delitos tan graves como los de colaboración y pertenencia a banda armada, a pesar de que la fiscalía poseía gran cantidad de pruebas en su contra y de los que, en parte, los detenidos ya se habían declarado confesos hace dos años en su declaración ante la benemérita.
Lo que ya es el colmo, y por lo que sí cabe exigir responsabilidades concretas tanto al juez como a la fiscalía, es que esperaran hasta el último momento para solicitar una prórroga de la prisión provisional y, encima, se equivocaran fatalmente de día al hacerlo. La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece claramente que la prisión provisional empezará a contar desde el mismo día de la detención, y no desde su ingreso en prisión. El juez Ruiz Polanco, sin embargo, convocó al fiscal y a las defensas para celebrar la vistilla el pasado lunes, dos días después de que se cumplieran los dos años desde que se produjeron las detenciones. Ahora el juez ha tenido que dejarlos en libertad provisional.
Lo que puede convertir esta lamentable chapuza judicial en algo tan grave como una posibilidad abierta a la impunidad o, peor aun aún, a la comisión de nuevos y más graves delitos, es el riesgo de que estos dos imputados aprovechen ahora su libertad provisional para darse a la fuga, repitiendo así el periplo de tantos y tantos miembros en activo de ETA.
Es cierto que a uno de los imputados se le ha impuesto una fianza y al otro la obligación de presentarse semanalmente en un juzgado. Sin embargo, si tenemos presente las penas que les esperan por la gravedad de sus delitos, no hay que descartar que, por eludirlas, también estos imputados asuman con gusto los costes de la clandestinidad donde, como a tantos otros fugados antes que ellos, sólo les esperará ETA.
Esperemos que se extreme la vigilancia y que esta chapuza judicial no provoque víctimas mortales. Porque frente a ETA, la factura de esos “lamentables despistes judiciales”–como ha ocurrido ya con muchas voluntarias y conscientes puestas en libertad provisional- la pueden pagar otros con su sangre.