Como periodista, hace poco cubrí el desarrollo de uno de los más de 40 “piquetes” que durante siete horas mantuvieron cortadas varias rutas en todo el país. Durante ese tiempo de virtual “paro de actividades”, la ciudad de Buenos Aires, el centro económico de la Argentina, quedó vacía.
Los argentinos que querían trabajar, trasladar mercaderías o hacer negocios, en definitiva, generar riqueza para que el país crezca, no pudieron hacerlo. Tuvieron que buscar rutas alternas para llegar al lugar de destino o suspender reuniones y quedarse en sus casas.
Los inversores externos que, por esos días, quizás pensaban volver a invertir en la Argentina, tomaron la decisión de hacerlo en otros lugares con menor caudal de conflicto social. Es lógico que ellos piensen que no es rentable instalar una empresa en un país que cada dos semanas se paraliza y queda a merced de sujetos encapuchados, armados con palos en las manos.
Seguramente ese día, la Argentina desperdició la oportunidad de generar fuentes de trabajo para sacar de la miseria a algunos de los más de veinte millones de pobres e indigentes que tenemos en este país. En un día de piquetes perdemos todos. Pero los “piqueteros” son sólo la punta del iceberg porque su herramienta más poderosa, la que los alimenta y los convierte en un peligroso grupo de presión, proviene ni más ni menos que del Estado.
Los piqueteros no son ciudadanos enojados por la marcha de la economía o la falta de trabajo que protestan pacíficamente en las calles. Ya ni siquiera representan a la mayoría de los argentinos. Son grupos políticos organizados que reciben de los gobiernos provinciales y municipales cientos de miles de planes de asistencia social denominados “Jefas y Jefes de Hogar”.
Ese subsidio, de cincuenta dólares, es la herramienta que los mantiene vivos, la que les permite comprar las voluntades de hombres, mujeres y niños hambrientos a los que trasladan como ganado en micros pagados por las mismas organizaciones políticas para que los cortes de las calles parezcan “protestas legítimas” de ciudadanos comunes.
Esos hombres y mujeres cargando a niños desnutridos en brazos aguantan horas bajo el sol o el frío con la promesa de que luego recibirán un Plan de asistencia social o un bolsón de comida. Otros tantos van a los piquetes porque tienen hambre y a cambio de su presencia en el lugar reciben un plato de sopa que seguramente será el único del día.
Ellos no saben por qué cortan las calles aunque entienden que molestan a los otros, los que tienen trabajo y quieren circular libremente. Pero sienten que no tienen otro recurso, son víctimas inocentes del mismo sistema de asistencialismo que creó el Estado para ayudarlos, pero que es ineficiente y los hunde cada vez más en la pobreza.
Mientras esta realidad tiene lugar en el corazón mismo de las protestas piqueteras, la dialéctica del gobierno pasa por otro lado. En lugar de sincerar el statu quo de los grupos piqueteros como organizaciones políticas, busca legitimar su accionar como si realmente representaran al resto de los argentinos. Por eso negocia con ellos y hace concesiones en un tironeo que se parece más a la relación entre dos partidos políticos que a la relación del gobierno y los ciudadanos.
En definitiva, si el gobierno asumiera que los piqueteros son políticos y redefiniera la política asistencialista quizás dejaría ésta de funcionar como un mecanismo perverso de fábrica de pobres.
María del Carmen Bourdin, periodista argentina, directora ejecutiva de la Asociación Sur.