Al margen del debate abierto sobre la legitimidad de la victoria del PSOE en las elecciones del 14-M, es necesario recordar que tan importante como la "legitimidad de origen" del poder es su "legitimidad de ejercicio". Zapatero tiene margen más que suficiente para poder desempeñarlo sin necesidad de violar la ley. El próximo presidente de Gobierno tiene a su alrededor partidos más nacionalistas y menos nacionalistas que el PSOE. También podría encontrar apoyos puntuales tanto a su derecha como a su izquierda. Zapatero tiene, pues, margen más que suficiente para no sentirse rehén del discurso radical y anticonstitucional que le ha servido de compañero de viaje hasta llegar a la Moncloa.
Ahora bien, la peligrosísima debilidad que hace ya tanto tiempo detectamos en el candidato socialista, era y es de índole moral, de esa clase de debilidad que nace de la inconsciencia de tu propia fortaleza. Por eso, aunque Zapatero tenga posibilidad de dejar en la estacada muchas de las esperanzas que su victoria ha despertado tanto a su izquierda como en el nacionalismo independentista, es más que dudoso de que sea consciente de ello.
La designación de Solbes como nuevo ministro de Economía —uno de los dirigentes socialistas que más ha reconocido la labor del PP en estos años- podría hacernos pensar que algo de eso intente hacer Zapatero respecto a la política económica. Ya veremos en que queda.
Sin embargo, nada apunta –todo lo contrario- a que Zapatero vaya a atreverse a dejar insatisfechas las demandas de los nacionalistas que, tras traicionar el consenso constitucional, le reclaman ahora reformas en los Estatutos de Autonomía que claramente violan nuestra Carta Magna.
Hay que reconocer que los resultados electorales del 14-M permitirían ahora a los socialistas aprobar en Cortes Generales los referéndum autonómicos que los independentistas les reclaman tanto en el País Vasco como en Cataluña para dejar atrás sus actuales Estatutos de Autonomía. Ahora bien, una cosa es que sus partidarios tengan escaños suficientes para autorizar el referéndum sobre la reforma estatutaria y otra, muy distinta, la potestad de declararla constitucional. Esto último compete exclusivamente al Tribunal Constitucional.
Aunque no quisiéramos quitar gravedad al atropello jurídico llevado a cabo con la expropiación de Rumasa, el Tribunal Constitucional cometería un atropello de muchísima mayor envergadura que aquel si declarara ahora constitucionales una reformas estatutarias que tan claramente niegan la nación española, sujeto histórico, político y jurídico en el que se sustenta nuestra Ley de Leyes.
Aunque a Maragall le guste hablar de Cataluña como “nación” y referirse a “los pueblos de España”; aunque Eguiguren también hable ahora del País Vasco como "nación" y diga que "Zapatero asumirá lo que decidan los vascos”, la Constitución lo deja muy claro ya desde su artículo 1 de su título preliminar al afirmar que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Y eso por no hablar de la solidaridad fiscal, la distribución de competencias entre Estado y autonomias y muchas otras cuestiones por las que las reformas estatutarias planteadas entran en colisión frontal y directa con nuestra Carta Magna.
Tal vez conscientes de esa colisión y de la imposibilidad de que, con nuestra Constitución vigente, el Tribunal Constitucional acepté al pulpo como animal de compañía, desde el PSC y el PSPV se quiere cambiar la Carta Magna.
Maragall ha manifestado este fin de semana que Zapatero “no se puede limitar a administrar la continuidad” constitucional, por lo que le ha pedido una "nueva lectura de los textos fundamentales" y decidir "qué sigue vigente, qué estorba y qué hay que añadir a lo aprobado hace 25 años".
La Constitución permite su reforma, sí, pero exige, tal y como dice su artículo 167, que los proyectos sean “aprobados por una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras”. Sólo el PP tiene mayoría simple en el Senado y 148 escaños en el Congreso por lo que la única forma que tendría el PSOE de seguir su viaje con los independentistas sería el estar dispuesto a violar la Ley. Eso, o convencer al PP de que es muy poco "centrista" o muy "crispante" el seguir en solitario aferrándose a la legalidad vigente...