La decisión de las consejeras de Educación de los gobiernos vasco y catalán —ambas independentistas— de incumplir la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) constituye una clara sublevación contra nuestro Estado de Derecho, un paso más hacia la demolición de la España Constitucional por la vía de los hechos consumados, como el que ya ha dado el Gobierno vasco cuando se negó a aplicar la Ley de Partidos que estérilmente prohíbe en el País Vasco la financiación y la representación política de organizaciones terroristas o como el que pretenden perpetrar Maragall e Ibarretxe llevando a cabo reformas estatutarias inconstitucionales.
Que los independentistas —incluida la ETA— tenían esperanzas en la victoria de Zapatero, es algo que todos conocíamos antes del 11-M y que, tras el 14-M, hemos podido comprobar, no sólo en la esperanzada mano tendida que ETA ha brindado a Zapatero en su último comunicado, sino también en las declaraciones de todos los nacionalistas que, sin practicar la “lucha armada”, comparten sus objetivos independentistas
Lo que sorprende de estos últimos —léase ERC y PNV— es que ni siquiera esperen a que Zapatero tome posesión de su cargo para lanzarse a trocear y repartirse el pastel. Después de que Maragall e Ibarretxe hayan hecho declaraciones animando a Zapatero a que lleve a cabo “una segunda transición”, salen ahora sus respectivas consejeras de Educación anunciando que no van a aplicar la LOCE.
El PSOE, aunque pide a los independentistas paciencia y que guarden las formas, ya ha anunciado que paralizará el curso que viene la LOCE y que dará un plazo de entre seis meses y un año para “consensuar” los cambios de la norma. ¿Y qué consenso cabe esperar de quienes están dispuestos a incumplir la ley si no les gusta? Con estas premisas la disposición al consenso sólo revela voluntad de sometimiento.
La consejera de Educación vasca ha afirmado, en este sentido, que durante los dos años de moratoria anunciada por el PSOE, el País Vasco "irá produciendo su propia normativa, que no tiene por qué chocar con la futura ley". “Espero que coincida con la ley socialista, porque espero que se abra una etapa de más colaboración y consenso, y porque espero que los socialistas formarán un gobierno de progreso". Más claro, agua.
Lo paradójico es que para defraudar tanta y tan desatada esperanza de los independentistas, el PSOE tendría inexorablemente que adoptar la posición de firmeza que tanto ha criticado al PP. ¿Y como mantener ahora una actitud de “consenso y diálogo” con quienes, ahora más que nunca, están dispuestos a no someterse al imperio de la Ley? Si hasta los tontos útiles de Prisa, que durante tanto tiempo se han negado a ver a Zapatero como un títere del felipismo, reprochan —y casi siempre con éxito— al PP que adoptase en el Gobierno una posición de firmeza frente a los nacionalistas, considerándola “crispante” y “poco centrista” ¿cómo vamos a esperarla del PSOE?
El gravísimo hecho de que desde unas comunidades autonómas se anuncie una disposición a incurrir en un delito de desobediencia —no otra cosa es decir que no se va a aplicar una ley que no ha sido todavía derogada—, merecería encabezar las portadas y todos los editoriales de cualquier país civilizado. Aquí no. Aquí hasta los medios del PP siguen el perfil bajo de sus nuevos dirigentes, quienes si no ponen la otra mejilla es porque la tienen apoyada contra la almohada.