Habíamos olvidado la existencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuando, vencida la legislatura y el gobierno del PP, nos sorprende con la más dura de las condenas a Telefónica, por abuso de posición de dominio. Tiempo atrás, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones declaró que no había encontrado nada punible en el comportamiento de la operadora en el momento de la privatización.
Todo es llamativo en la resolución que contemplamos: el tiempo trascurrido desde la supuesta infracción, más de cuatro años, la sentencia en sí, tras el silencio de estos años, contra un equipo de directivos –el de Telefónica– que se supone sometido a la duda de la continuidad tras el triunfo del PSOE en la elecciones y sus reiteradas manifestaciones –emitidas en otros momentos previos a las elecciones– de que les gustaría cambiar a los dirigentes de las empresas privatizadas durante los mandatos del PP. Y, finalmente, la cuantía, la mayor de la historia del Tribunal, pero que no es significativa para Telefónica.
Hay esfuerzos dramáticos para desmarcarse del perdedor, en este caso el PP, que sólo merecen el desprecio. El Tribunal se ha comportado –en sentencias anteriores– como parte integrante del gobierno del PP, no como defensor de unos valores intangibles, que habrían asegurado un comportamiento más moderado de los poderosos. Es muy posible que el recambio que instalará el PSOE sea peor, pues tendrá que dar salida a los deseos de revancha de los suyos y permitir que los nacionalistas manejen el Tribunal, para defender sus intereses particulares –que no son los de la mayoría de la población– en algunos de los temas en los que interviene dicho Tribunal: extensión del mercado, competencia permitida, y apoyo a su numerosa clientela empresarial.
En cualquier caso, los consejeros del actual Tribunal, que fueron nombrados por motivaciones políticas y no técnicas, han vuelto a declarar su incompetencia y deberían dimitir inmediatamente. Aunque los que vengan sean peores.