El presidente argentino Néstor Kirchner, con evidente enojo, afirmó: "Quisiera ver cuántos son los números cuantiosos que gasta el Banco Mundial (BM) en consultorías externas que muchas veces nadie sabe cómo se manejan. Evidentemente, esos fondos nunca llegan... adonde tendrían que llegar". Así le contestó a un funcionario del BM que señaló que el gasto social en la Argentina no llega a los sectores más desprotegidos.
Pensar que las agencias estatales y multilaterales son incorruptas es una ingenuidad. En primer lugar, no manejan recursos propios sino extraídos de los ciudadanos, consecuentemente no se manejan con el celo del propietario por mucho empeño que pongan. En segundo lugar, no tienen auditorias serias porque los propietarios –teóricamente los ciudadanos– no tienen acceso real a las cuentas sino a través de terceros. Y, finalmente, no tienen realmente que rendir cuentas de sus fracasos porque, si necesitan más dinero, lo que tienen que hacer los burócratas es aumentar impuestos, sin sufrir ninguna pérdida patrimonial personal.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU inició una investigación sobre las denuncias de corrupción en la construcción de Yacyretá, una de las represas hidroeléctricas más grandes del mundo construida entre Argentina y Paraguay, conocida como "el monumento a la corrupción", y de otros grandes proyectos financiados por el BM, como parte de una revisión de la responsabilidad de ese organismo y el BID en multimillonarias y controvertidas obras públicas en Argentina, Paraguay, Lesotho, Camboya, Perú y otros países.
El presidente de la comisión, Richard Lugar, le planteó al titular del BM, James Wolfensohn, si ese organismo "ha considerado disponer una auditoría financiera internacional sobre Yacyretá". El BM dijo que el organismo prestará su total colaboración con el Senado en las audiencias públicas convocadas a partir del 13 del mayo. "Supuestamente, el proyecto de Yacyretá estaba presupuestado en 2.000 millones de dólares cuando comenzó en 1973, ahora tiene una deuda de 10.000 millones de dólares y todavía no está terminada. Me han dicho que costará terminarla, al menos, otros 800 millones de dólares", destacó el senador Lugar.
Pero el BM y el BID no son los únicos organismos multilaterales sospechados de corrupción. La entidad humanitaria Reporteros Sin Fronteras (RSF) otorgó el "Gran Premio a la Hipocresía" a la ONU y a su reciente Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información por "haber concedido un lugar en dicha reunión a los representantes de dos países que más reprimen a los medios de comunicación, Cuba y China", actualmente "las dos mayores cárceles del mundo para los periodistas". Sobre la isla-cárcel del Caribe, RSF también envió carta de protesta a Marco Troncetti Provera, presidente de Telecom Italia, que posee el 30% de las acciones de Etecsa, compañía estatal de comunicaciones cubana encargada de la censura telefónica y de Internet.
Documentos encontrados en archivos de Saddam Hussein indican que la ONU le dio el manejo del programa Petróleo por Alimentos, con lo cual el dictador habría escogido quiénes compraban el petróleo a Irak y quiénes le vendían alimentos y medicinas, en contratos que alcanzaron 100 mil millones de dólares. Benon Sevan, director de ese programa y brazo derecho del secretario general de la ONU, Kofi Annan, es uno de los principales implicados en el fraude, según Claudia Rosett del Wall Street Journal. El canciller iraquí, Hoshyar Zebari, acusó a la ONU de haber permitido que la “tiranía asesina” de Saddam se mantuviera en el poder.
Entretanto, por tercer año consecutivo, el Congreso de EEUU bloqueó los fondos para los proyectos pro-aborto del "Fondo de Población de las Naciones Unidas" (UNFPA) y sólo aportará 59 millones de dólares para combatir el tráfico sexual y mejorar la salud materna. El gobierno norteamericano retuvo sus aportes a la UNFPA durante los dos últimos años debido a la campaña de abortos forzosos en China, apoyo a masivas esterilizaciones y programas de planificación familiar basados en el aborto en países del Tercer Mundo.
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Alejandro A. Tagliavini, miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).