Con la elección de Martín Torrijos como presidente de Panamá, América Central ha concluido una intensa temporada electoral que augura buenas posibilidades para las relaciones y el desarrollo de la región.
Torrijos triunfó el domingo 2 de mayo con una cómoda votación, que permitió a su Partido Revolucionario Democrático (PRD) y su aliado, el Partido Popular (PP), mayoría en el Congreso.
El 21 de marzo, Elías Antonio Saca, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se impuso con contundencia en El Salvador al candidato de izquierda, Shafick Handal, y dio un cuarto período consecutivo a su partido.
Tres meses antes, el 28 de diciembre, Óscar Berger, de la coalición Gran Alianza Nacional (GANA), había triunfado en la segunda vuelta de las elecciones guatemaltecas.
En Nicaragua, Honduras y Costa Rica, los comicios se celebraron entre noviembre de 2001 y abril de 2002, y llevaron al poder, respectivamente, a Enrique Bolaños, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); Ricardo Maduro, del Partido Nacional (PN), y Abel Pacheco, de la Unidad Socialcristiana (PUSC).
Si algo evidencian estas jornadas, es que Centroamérica, tras su reciente pasado de autoritarismo y confrontación, ha alcanzado un admirable grado de normalidad electoral. No es un activo suficiente para un pleno disfrute democrático, pero sí requisito indispensable para alcanzar mayores grados de desarrollo político, institucional, económico y social.
Como producto de las elecciones, en todos los países de la región gobiernan, o gobernarán a corto plazo, presidentes con similares concepciones sobre la conducción de la economía, relativamente alejados de las rigideces político-ideológicas de antaño, con equipos que hablan el mismo idioma y conocedores –aunque en grados distintos— de que el desarrollo debe ser un proceso integral.
Por supuesto que las realidades nacionales son distintas y complejas. Por ejemplo, Guatemala, multicultural, multiétnica, desgarrada socialmente y aún plagada de violencia, no termina de superar el oscurantismo y falta de acuerdos de muchas de sus élites dirigentes. Panamá y Costa Rica, en cambio, muestran un grado de desarrollo mayor y más capacidad de encauzar los conflicto por las vías normales de la democracia.
Existen otras múltiples diferencias entre los seis países, en cuanto a desafíos y formas de abordarlos, pero a todos también los une la necesidad imperiosa de crecer económicamente, de mejorar la equidad y movilidad social, ampliar la participación ciudadana, combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.
El actual panorama político no garantiza que así será, pero ha mejorado las posibilidades de avanzar por el buen camino.
Una de las vertientes que debería potenciarse, en vista de las cercanías y convergencias de los seis gobernantes, es la mejor integración de sus estrategias nacionales y su armonización con los proyectos regionales.
La iniciativa más amplia y emblemática –pero también hoy alicaída— es el llamado “Plan Puebla-Panamá”, impulsado por un gobierno mexicano que también tiene varios puntos de confluencia con los de América Central. La que mayor impacto tendrá son los tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica –la Centroamérica “histórica”— lo han negociado conjuntamente. De este modo, no solo harán más fluidas sus relaciones con el coloso hemisférico, sino también entre sí. Panamá lo tramita individualmente, pero sus avances necesariamente repercutirán en el resto del istmo.
Migración, transporte, aduanas, seguridad, salud, educación, cultura y hasta deporte son otros temas de la agenda común que pueden recibir impulso conjunto. En algunos los grados de conflicto y discrepancia son altos; en otros, no tanto. Pero en todos se puede avanzar.
El reto es amplio; también, la oportunidad de que el istmo avance desde su ya asentada solidez electoral y convergencia política hacia mejores grados de desarrollo general.