Los políticos argentinos han llevado al país a un desastre sin precedentes en la Historia Universal, pero tienen la rara cualidad de saber manipular a la gente para que busque las cabezas de turco en lugares distintos a la Casa Rosada. En esta estrategia de demagogia populista en la que se embarcan todos los dirigentes de la nación en cuanto tienen problemas, el antiespañolismo suele ser el instrumento preferido para agitar a las masas y liberar al Gobierno de la presión que soporta. A finales de la década de los noventa, el presidente Fernando de la Rúa, uno de los principales responsables del caos en que vive Argentina en la actualidad, eligió como chivos expiatorios a compañías españolas como Telefónica e Iberia hacia las que recondujo las iras populares ante la situación de degradación económica, política y social que vivía el país, en vez de tomar las medidas adecuadas, como la devaluación del peso, el saneamiento presupuestario y la restauración del imperio de la ley. Ahora, Nestor Kichner vuelve a lo mismo, con el argumento tan gastado como falso de que las empresas españolas no han invertido lo que debían en el país y se han llevado el dinero fuera.
Las 'acusaciones' de Kichner, en concreto, se dirigen contra Repsol YPF, a quien pretende imputar la responsabilidad del desabastecimiento energético que sufre Argentina estos meses, y que puede agravarse con la llegada del invierno austral dentro de cinco semanas. Según el presidente del país, la petrolera hispano-argentina está "extorsionando" a la nación y de que, en la década de los noventa, "prefirieron exportar y no invertir", a lo que la empresa que preside Alfonso Cortina ha respondido recordando que la compañía lleva invertidos 900 millones de dólares desde 2001. Sin embargo, las imputaciones presidenciales calaron en una opinión pública propensa a no querer ver las cosas como son y, como resultado de ello, el miércoles 2.000 piqueteros atacaron la sede central del Repsol en Argentina.
Esta reacción es muy grave, por varias razones. En primer término, los problemas de abastecimiento energético que padece el país no son fruto de que se exporte más o menos petróleo o gas natural. Por el contrario, son el resultado del precio a pie de pozo impuesto por el Ejecutivo argentino, que es un 60% inferior al promedio de precios internacionales a pie de pozo. Con esa política, la explotación de una serie de yacimientos deja de ser rentable y se transforma en pérdidas si el crudo o el gas extraido de ellos no tiene como destino la exportación. Esta es la verdadera raíz del problema de desabastecimiento energético que agobia a Argentina: sus dirigentes quieren, poco menos, que sea gratis, en vez de poner los precios en su sitió, el de la libertad de mercado, como uno de los pilares básicos para iniciar la recuperación económica del país. Pero esa medida es impopular y ningún político argentino quiere tomar decisiones de este calado. Así no saldrán nunca de la crisis.
En segundo lugar, lo que ha ocurrido con Repsol y, sobre todo, lo que subyace en estos acontecimientos, empieza a dibujar un perfil de inseguridad jurídica para las inversiones empresariales que puede acabar por provocar la salida de empresas y el freno a la inversión internacional que se dirige a Argentina. Le guste o no a Kichner, el respeto de los contratos y los derechos de las compañías es una condición 'sine qua non' para que los inversores internacionales confíen en un país porque constituye la base de la seguridad jurídica y de la estabilidad de las reglas del juego. Sin ellas, la inversión se convierte en una apuesta de elevado riesgo y cuando el dinero, gracias a la globalización, puede elegir otros lugares más seguros para invertir, no acude allí donde percibe el peligro. Esto frena el desarrollo económico. En la situación actual, Argentina no se puede permitir el lujo de ver frenado ese proceso por la desconfianza de los inversores internacionales, pero Kichner no parece entenderlo.
Por último, los acontecimientos recientes en torno a Repsol transmiten la sensación de que la empresa española que emprende la aventura al exterior queda a su suerte, expuesta a todo tipo de peligros, porque nadie la defiende. Es llamativo que pocos meses después de que Kichner aceptara revisar las tarifas públicas y los precios fijados por el Gobierno, ahora se produzca esto, en un momento en el que España se ha convertido en uno de los países más débiles y aislados del mundo en términos de política internacional, debido a la forma en que Zapatero ha tratado el asunto de las tropas de Irak. ¿Seguirá alguien más el ejemplo de Kichner? Nuestro Gobierno tendría que decir algo al respecto.
Las 'acusaciones' de Kichner, en concreto, se dirigen contra Repsol YPF, a quien pretende imputar la responsabilidad del desabastecimiento energético que sufre Argentina estos meses, y que puede agravarse con la llegada del invierno austral dentro de cinco semanas. Según el presidente del país, la petrolera hispano-argentina está "extorsionando" a la nación y de que, en la década de los noventa, "prefirieron exportar y no invertir", a lo que la empresa que preside Alfonso Cortina ha respondido recordando que la compañía lleva invertidos 900 millones de dólares desde 2001. Sin embargo, las imputaciones presidenciales calaron en una opinión pública propensa a no querer ver las cosas como son y, como resultado de ello, el miércoles 2.000 piqueteros atacaron la sede central del Repsol en Argentina.
Esta reacción es muy grave, por varias razones. En primer término, los problemas de abastecimiento energético que padece el país no son fruto de que se exporte más o menos petróleo o gas natural. Por el contrario, son el resultado del precio a pie de pozo impuesto por el Ejecutivo argentino, que es un 60% inferior al promedio de precios internacionales a pie de pozo. Con esa política, la explotación de una serie de yacimientos deja de ser rentable y se transforma en pérdidas si el crudo o el gas extraido de ellos no tiene como destino la exportación. Esta es la verdadera raíz del problema de desabastecimiento energético que agobia a Argentina: sus dirigentes quieren, poco menos, que sea gratis, en vez de poner los precios en su sitió, el de la libertad de mercado, como uno de los pilares básicos para iniciar la recuperación económica del país. Pero esa medida es impopular y ningún político argentino quiere tomar decisiones de este calado. Así no saldrán nunca de la crisis.
En segundo lugar, lo que ha ocurrido con Repsol y, sobre todo, lo que subyace en estos acontecimientos, empieza a dibujar un perfil de inseguridad jurídica para las inversiones empresariales que puede acabar por provocar la salida de empresas y el freno a la inversión internacional que se dirige a Argentina. Le guste o no a Kichner, el respeto de los contratos y los derechos de las compañías es una condición 'sine qua non' para que los inversores internacionales confíen en un país porque constituye la base de la seguridad jurídica y de la estabilidad de las reglas del juego. Sin ellas, la inversión se convierte en una apuesta de elevado riesgo y cuando el dinero, gracias a la globalización, puede elegir otros lugares más seguros para invertir, no acude allí donde percibe el peligro. Esto frena el desarrollo económico. En la situación actual, Argentina no se puede permitir el lujo de ver frenado ese proceso por la desconfianza de los inversores internacionales, pero Kichner no parece entenderlo.
Por último, los acontecimientos recientes en torno a Repsol transmiten la sensación de que la empresa española que emprende la aventura al exterior queda a su suerte, expuesta a todo tipo de peligros, porque nadie la defiende. Es llamativo que pocos meses después de que Kichner aceptara revisar las tarifas públicas y los precios fijados por el Gobierno, ahora se produzca esto, en un momento en el que España se ha convertido en uno de los países más débiles y aislados del mundo en términos de política internacional, debido a la forma en que Zapatero ha tratado el asunto de las tropas de Irak. ¿Seguirá alguien más el ejemplo de Kichner? Nuestro Gobierno tendría que decir algo al respecto.