El principio de acuerdo para la reforma del modelo autonómico alcanzado el martes por el PSOE, el PP y Coalición Canaria supone una buena noticia por cuanto retoma un consenso básico entre los dos partidos mayoritarios de nuestro país entorno a un principio constitucional básico —aunque sistemáticamente amenazado por las formaciones nacionalistas— como es la igualdad entre las Comunidades Autónomas, sean estas regiones o “nacionalidades”.
Se trata además del primer gran acuerdo nacional alcanzado por el partido del Gobierno y el, hasta ahora, único partido de la oposición, que, por el contrario, rechazaron ERC, IU, PNV y CiU.
No obstante, una cosa es que esta noticia nos de esperanzas de que el PSOE recupere un proyecto nacional y otra, que lancemos las campanas al vuelo. Hay dos motivos para que nuestro optimismo vaya parejo con nuestra precaución. El primero se deriva en la propia forma en que se ha alcanzado este bienvenido pero sorprendente acuerdo. Todo empezó por una propuesta previa del Grupo Popular en contra de las asimetrías entre comunidades. Aunque todos los grupos se opusieron airadamente al texto, los representantes del PSOE y de CC presentaron sendas enmiendas; los primeros, para rebajar el alcance de la propuesta y eliminar del texto el concepto de “asimetría”; los segundos, para incluir, expresamente, el concepto de “insularidad”.
A la vista del resultado, los populares dieron juiciosamente por aceptable el resultado final y votaron a favor, por lo que la declaración salió finalmente adelante con el respaldo de 284 votos, frente a 7 abstenciones y 29 votos en contra.
Que este consenso sea, por parte del PSOE, el resultado de una consciente y sincera disposición a llegar a un acuerdo con el PP o bien el efecto perverso de una enmienda presentada en su contra será un cuestión que poco tardaremos en constatar.
Y es que las dudas sobre el cumplimiento que se va a dar a este pacto nos las sugiere el PSC de Maragall cuya conocida defensa del federalismo asimétrico entra en confrontación, perversiones del lenguaje aparte, con este pacto. Eso, por no recordar la condición de nación que reivindica para Cataluña la reforma estatutaria propuesta por los socialistas catalanes.
Este miércoles El Mundo ha publicado, además, un documento elaborado por el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalidad que propone exigir al Ejecutivo central nada menos que 88 nuevas competencias, algunas tan abiertamente desafiantes al orden constitucional como la potestad para convocar referendos o la referente a la gestión de la tesorería de la Seguridad Social que supondría hacer añicos la caja única y despojar al Estado de un medio básico a la hora de garantizar a los ciudadanos, precisamente, esos mismos derechos y deberes con independencia de la Comunidad Autónoma en la que habiten.
Veamos, pues, en que queda este acuerdo PSOE-PP, cruzando los dedos, eso sí, para que los socialistas no nos salgan luego hablando de la “igualdad asimétrica de las autonomías”...