El gobierno socialista, en su primer mes, ha mentido sobre temas fundamentales y ha cambiado de opinión en otros también importantes, sin dar ninguna explicación. Me centraré en los económicos.
Dijo Solbes hace un par de semanas que podría haber déficit público “a lo largo del ciclo”, para compensar en las épocas de poco crecimiento. La semana pasada anunció Fernández Ordóñez que en 2004, para el que se espera un aumento del PIB de entre el 2,5% y el 3%, habrá un déficit de alrededor del 0,9% del PIB en la Administración Central, lo que significa un pequeño déficit de 0,1% del PIB en el conjunto de las Administraciones Públicas, siempre y cuando las autonomías no sobrepasen los límites legales que tienen fijados.
Dijo Zapatero en la COPE que al finalizar su mandato habría más libertad económica que al final del gobierno del PP. El ministro de industria acaba de anunciar que se van a reducir los días y las horas de apertura de los comercios, a pesar de que más del 70% de los españoles apoyan la libertad.
Dijo Jordi Sevilla, el ministro de Administraciones Públicas, que durante este mandato no se tocaría el modelo de financiación autonómico. Dijo Maragall que sí se tocaría. Volvió a intervenir Sevilla y dijo que quizá se tocaría. La semana pasada anunció Fernández Ordóñez que, se toque o no se toque el sistema, a Andalucía le van a entregar 2.400 millones de euros. Y faltan todas las autonomías que han votado al PSOE, y que querrán cobrar, la primera Cataluña.
Dijo el PSOE en su campaña, tipo único del IRPF, o quizá dos. Dice Solbes, no tocaremos casi nada.
Mientras, Zapatero defiende la seriedad, el diálogo y el talante. Afirma rotundamente que él decidió la salida de las tropas de Irak porque estaba en el programa –aunque no lo dijo así en el discurso de investidura– y él tiene un compromiso con los electores y no tiene más remedio que cumplir el programa electoral.
Dijo Zapatero que, efectivamente, el principal problema de la economía española es la falta de productividad, pero una de las primeras decisiones que toma es paralizar por decreto la reforma educativa, en la parte que garantiza mayor exigencia formativa a los alumnos, además de lo que regula la enseñanza de religión. La falta de productividad también tiene que ver con la falta de flexibilidad laboral, pero Zapatero dice que no se hará ninguna reforma laboral sin contar con los sindicatos y la CEOE, y ambos se oponen a la flexibilidad.
Asimismo, se sustraen alrededor de 2.000 millones de euros del presupuesto del anterior ministerio de Ciencia y Tecnología, que se dedicaban a subvencionar la modernización de empresas para hacerlas más competitivas, y son entregados al sindicato de Rectores –que se ha apoderado del ministerio de Educación–, el lobby más poderosos que opera en España, el cual, lejos de buscar la excelencia académica de profesores y alumnos, sólo promociona a sus amigos y correligionarios y no admite competencia de nadie. Pero que nadie se preocupe, se acudirá al déficit para compensar a las empresas.